jueves, 8 de febrero de 2018

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, VENEZUELA Y SU PARSIMONIOSO PROCEDER

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La Fiscal de la Corte Penal  Internacional, la señora Batou Bensouda, emitio una declaración oficial en la que expresa que desde 2016 ha estado siguiendo de cerca la situación de Filipinas y Venezuela, como Estados partes que son del Estatuto de Roma.
En tal sentido, dice Bensouda,  que a partir de una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial” de la documentación e informes recibidos sobre crímenes que potencialmente caerían bajo la Jurisdicción de esa Corte, decidió abrir un “examen preliminar”, que según ella, “no es una investigación”, sino una revisión para determinar si existe base razonable para iniciar un proceso investigativo de conformidad con la normativa de esa institución.
Es de destacar que ese examen se hará sobre denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad del Estado, los miles de arrestados y graves abusos y malos tratos de los detenidos, en “al menos” las manifestaciones de Abril del año 2017 en Venezuela.
La Fiscal, finalmente, declara que su oficina se dirigirá a las autoridades venezolanas para discutir y evaluar lo relativo a investigaciones del nivel nacional y toda la información presentada sobre el asunto, aclarando que no hay un tiempo establecido para este examen preliminar. 
El que tal pronunciamiento oficial se haya dado es importante, si lo vemos como factor político mediático y también de presión, aunque, a mi juicio, no hay que crearse muchas expectativas al respecto, sobre todo en lo que atañe a los tiempos de cualquier decisión.
No es un secreto la irrisoria performance de esa Corte en materia de condenas durante toda su existencia de casi 20 años; se cuentan con los dedos de una mano y nos sobran. La evaluación de fondo de los hechos susceptibles de ser sancionados por ella son muy exigentes. Según algunos,  pareciera que serían necesarias matanzas multitudinarias para que se aceleren los procedimientos, los que de lo contrario son engorrosos y lentos.
Quede claro que no quiero decir con las reservas expresadas que las denuncias no deban hacerse y formalizarse.  Amén de la exigencia moral y jurídica que nos obliga, está la virtud política de ellas en el combate contra gobernantes tiránicos y perpetradores de crímenes de lesa humanidad o de guerra, como los que asolan nuestro país.
Solo deseo que pongamos los pies sobre la tierra, y sepamos lo que puede esperarse de estos parsimoniosos procedimientos que imponen el analisis exhaustivo de evidencias que requieren ser constrastadas. Ya la señora Bensouda lo advirtió, no hay plazos para resolver lo que es apenas un paso preliminar. Es decir, aun no hay ni siquiera un juicio abierto. No hay que hacerse ilusiones con resultados expeditos. Es un hecho importante el examen preliminar decidido, pero estemos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer si a la experiencia nos remitimos.    
La lucha contra la tiranía venezolana, incluso con la valiosa ayuda externa, sigue dependiendo en lo fundamental, de nosotros, los venezolanos.

EMILIO NOUEL V.

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