La crisis venezolana tiene alborotada a la sub-región
suramericana. Frente a lo que ocurre en nuestro país no puede haber
indiferencia de parte de quienes defienden la democracia y las libertades.
Las violaciones flagrantes y cotidianas de los DDHH son
ampliamente conocidas en tiempo real por nuestros vecinos en el hemisferio.
Sólo los que se hacen de la vista gorda o apañan las arbitrariedades de la
dictadura venezolana se niegan a ver tal lacerante realidad.
Los gobiernos de los países miembros de Mercosur vienen de formular un ultimátum al
gobierno de Venezuela, que está referido a retrasos en materia de requisitos
normativos en ese bloque comercial. La espada de Damocles de la suspensión de
la membresía se ha levantado contra nuestro país, a menos que cumpla con ciertas
exigencias antes del 1 de Diciembre próximo.
Ya lo he dicho en otra ocasión. El culpable de esta
lamentable situación es el gobierno nacional, su incompetencia y desidia. Es él
el que expuso a Venezuela al descrédito internacional.
Se ha dicho erróneamente por ahí que de concretarse la
suspensión, se suspendería también nuestra participación en el Parlamento de
Mercosur.
Quien así piensa, o desconoce la naturaleza “independiente y autónoma” de tal
Parlamento o pretende utilizar ese argumento de manera interesada, engañosa y/o
retorcida como presión de carácter política.
Así, oímos decir que la suspensión de Venezuela “nos haría perder una tribuna política que
tanto nos hace falta actualmente”.
Pues, déjenme decir, que con eso se falta a la verdad, y no hay asidero político ni jurídico para
sustentar esa afirmación.
El único caso de suspensión que hasta ahora se conoce en
Mercosur es el de Paraguay. Está más que claro que a ese país, lo suspenden con
base en argumentos políticos, no jurídicos. El mismo Pepe Mujica, presidente a
la sazón de Uruguay, lo admitió. En Paraguay se había dado un procedimiento de impeachment ajustado a la Constitución
de ese país, pero que los amigos del defenestrado, el cura Lugo, consideraron un golpe de Estado. Lo mismo que
dicen ahora del caso de Dilma Rousseff.
La medida comportaba “suspender a la República del Paraguay del derecho a participar en los
órganos del MERCOSUR y de las deliberaciones, en los términos del artículo 5°
del Protocolo de Ushuaia”.
Y los “órganos de
Mercosur” son: el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común y
Comisión del Mercado Común. Es decir,
que de éstas instancias ejecutivas y administrativas quedaría marginado
Paraguay en tanto que suspendido. En cuanto a los “órganos derivados”, como el
Parlamento y el Tribunal Permanente de Revisión, habría que matizar.
La medida en cuestión, tomada, por cierto, desconociéndole el
derecho a la defensa a Paraguay, no implicó limitaciones al comercio o al tránsito
de personas, incluso se garantiza “la continuidad de
los proyectos relativos a Paraguay en el Fondo de Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM)”.
Por otro lado, en el texto de la decisión se puede leer de
manera expresa: “Comunicar al Parlamento del MERCOSUR
la presente decisión”, lo cual implícitamente reconoce la
independencia de este órgano.
Con ello se informaba al
Parlamento de la medida, instancia que tenía, por cierto, casi dos años sin
reunirse y sin adoptar resolución alguna. Incluso, el año mismo de la
suspensión (2012) no se reunió, y sobre ella no hubo pronunciamiento alguno.
De acuerdo con el texto
constitutivo de Parlasur, en su artículo
1º se establece que es un “órgano de representación de sus pueblos, independiente
y autónomo”.
Si interpretamos correctamente tal disposición, al ser autónomo, Parlasur
no está obligado a suspender a la representación popular de un país, en caso de
que por razones de incumplimiento de normas sea suspendido por los órganos
ejecutivos. de bloque. De hecho, los parlamentarios paraguayos, en el asunto mencionado
más arriba, no fueron suspendidos como diputados parlasurianos mediante una decisión expresa. Y si hubo alguna
intención de hacerlo, que pudo darse, eso no fue formalizado, que sepamos.
De modo pues, que en caso de que se aceptara una valorización particular
de la presencia de parlamentarios venezolanos en el Parlasur, no sería lo
correcto afirmar con base jurídica válida, que con una suspensión de Venezuela,
se suspendería de manera automática a nuestros parlamentarios en tal espacio
democrático.
Emilio Nouel V.
No hay comentarios:
Publicar un comentario