martes, 29 de noviembre de 2011


LA CELAC O LA MANÍA REFUNDACIONISTA


La desnuda y escueta verdad es que EEUU necesita de América Latina y América Latina necesita de EEUU”.
Rómulo Betancourt


En estos días que corren se está suscribiendo en Caracas el documento constitutivo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que fue acordada en la XXI Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo de 2010.

                 

32 presidentes del hemisferio nos visitan con motivo de ese evento, aunque la prensa de esos países, con la excepción de la oficial venezolana, ha mostrado poco interés por esta reunión en los días previos.  ¿Qué importancia real conceden los presidentes a la concreción de ese nuevo ente interestatal, supuestamente de integración, más allá del verbo grandilocuente?
Es más que sabido que la estructura institucional de relaciones políticas y económicas del último siglo en nuestro continente se ha ido tejiendo a partir de organizaciones diversas, como la OEA, CEPAL, el TIAR, el BID, el SELA, el Grupo de Río y los regímenes de integración económica, entre otras.
Todas ellas, en el fondo, han tenido como propósito consolidar el hemisferio como un bloque cooperativo frente al resto del planeta, dados los lazos históricos de amistad y comercio, manteniendo, obviamente, las peculiaridades de cada país.
En este largo camino, entre las “dos Américas” se han cruzado los desencuentros, incomprensiones y conflictos, sobre todo, porque en esta región está la potencia más grande, envidiada, admirada y cuestionada del orbe, cuya hegemonía vive un proceso menguante y paulatino que durará algunas décadas, sin que eso signifique su derrumbe como gran nación que es.
En la naciente CELAC, un rasgo primero a resaltar por incomprensible, es que es una organización que excluye a EEUU y CANADÁ, dos países que forman parte del hemisferio, y con los cuales se han tenido por siglos relaciones político-económicas  estrechas.
La idea de este nuevo invento latinoamericano no tiene otra explicación, a mi juicio, que ese prurito anacrónico que hoy ya no tiene sentido en un mundo amplia y profundamente interdependiente, de una supuesta identidad exclusiva o de unos presuntos intereses comunes que la historia, los valores o la etnia latinoamericana nos impondrían, y los cuales nos enfrentan a los de EEUU o CANADÁ, países que se presumen adversarios o ajenos a nosotros. Como si los problemas y las soluciones del mundo actual no trascendieran las fronteras, distancias, economías, lenguas, razas, religiones y tradiciones, y se pudieran asumir desde la “parroquia”, en este caso, “latinoamericana y del Caribe”. Como si esos dos países no fueran nuestros socios comerciales, y allí no vivieran millones de familias originarias de Latinoamérica. En fin, como si no nos necesitáramos.
Me temo que la CELAC, por otro lado, y principalmente, es una expresión más de la manía refundacionista – ¡el eterno retorno¡- de que adolecemos por estos pagos. No hemos terminado de consolidar o perfeccionar las organizaciones existentes, cuando ya creamos una nueva, con otra denominación, que se superpone a las anteriores, entrando en colisión de objetivos y competencias, redoblando o triplicando esfuerzos y consumiendo recursos que necesitamos para fines mejores. Es una suerte de “fuite en avant” permanente, que pretende enmascarar sin éxito nuestros fracasos; que evidencia la inconstancia y nos da una falsa sensación de progreso.
Sobre el objetivo de esta organización hemos leído y oído de parte de gobernantes interpretaciones incongruentes. Unos, los resentidos históricos, la ven como un ariete contra EEUU, y otros, los realistas y pragmáticos, la conciben como una instancia intergubernamental latinoamericana más que no pretende enfrentar a nadie. Unos la ven como instancia política (geopolítica) y otros la ubican en el campo de la integración futura.
Lo cierto es que no sabemos de manera transparente qué se busca con CELAC, que otras organizaciones vigentes no tendrían. ¿Qué sentido tiene crear una nueva organización cuando existen otras que a pesar de sus imperfecciones pueden ser mejoradas?
Con seguridad veremos en esta reunión de Caracas una retórica desbordada e inflamada de nacionalismo latinoamericano. En el altar de la “Patria Grande” se harán las ofrendas de rigor,  y ¡ay del que no se anote en el ritual¡ Golpes de pecho y nuevas promesas de unión y de integración férreas no faltarán en los discursos. Evocaremos a Bolívar, San Martín y Tiradentes. A Tupac Amaru, Lautaro y a Guaicaipuro. A Martí, Rodó y Vasconcelos. ¡Ahora sí será alcanzada la ensoñación bolivariana¡
Pero lo concreto, lo eficaz, lo pragmático, los mecanismos reales que efectivamente traerían bienestar a las mayorías irredentas de nuestros países, estoy seguro, pasarán al segundo o tercer plano, como siempre ocurre.
Y en medio de los vapores hipnotizantes de la hermandad reencontrada y traicionada tantas veces, callaremos antes las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Voltearemos hacia otro lado, al ver el irrespeto cotidiano y perverso del Estado de derecho en el país anfitrión. El realismo pérfido del que una vez habló Octavio Paz seguirá en vigor.
¿Qué hará la CELAC para evitar que las autocracias militaristas de nuevo se enseñoreen en nuestra región?
Tienen la palabra los 32 presidentes visitantes.

Emilio Nouel V.

domingo, 27 de noviembre de 2011


LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE CHÁVEZ Y EL PRÓXIMO GOBIERNO


                        
                                       Firma de contratos China-Venezuela

En círculos políticos y de especialistas se ha debatido el tema del desconocimiento de los compromisos internacionales asumidos por el gobierno venezolano durante la última década, presuntamente violatorios del ordenamiento jurídico interno y/o lesivos a los intereses de la República. El asunto no tendría mayor relevancia si no estuviéramos ante la probabilidad cierta de un nuevo gobierno en Venezuela con orientaciones de política exterior diferentes.
La controversia generada no sólo tiene que ver con la cuestión de con quiénes se ha suscrito los pactos, sino también con los contenidos de ellos cuando se han podido conocer, porque en esta materia, hay que subrayarlo, la transparencia y la consulta con los distintos sectores políticos y económicos del país han estado ausentes.  
En tal sentido, han sido contestados, entre otros, las compras de material bélico, los contratos petroleros y los de deuda. Los primeros son cuestionados por innecesarios, habida cuenta de necesidades internas más apremiantes, y los demás por desventajosos para los intereses nacionales, discriminatorios de la empresa doméstica o por violar expresas normas constitucionales sobre los contratos de interés público.  
En relación, por ejemplo, con los compromisos de deuda con China o Rusia, algunos han planteado su desconocimiento, fundamentados en la teoría de la deuda odiosa, formulada por Alexander N. Sack, un ministro de la Rusia zarista. Éste planteaba que las deudas contraídas por los bolcheviques, podían ser, legítimamente, desconocidas por un gobierno diferente, en virtud de que aquellas fueron asumidas por un régimen despótico. Este desconocimiento, según el proponente, tendría que reunir ciertos extremos, a saber: a) “poder despótico”. ; b) “Deuda contraída no en interés del pueblo, sino para fortalecer el régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate”; y c) “Conocimiento por parte del acreedor de los propósitos ilegítimos del deudor al contraer la deuda”.
Luce evidente que si se decidiera desconocer algún pacto asumido por el gobierno actual con base esa teoría, probar tales extremos ante un tribunal internacional, en nuestro caso, sería sobremanera problemático, por la naturaleza política indefinida de aquel, según los estándares políticos internacionales.  
Por otro lado ¿Cómo demostrar que la deuda contraída es para “reprimir al pueblo”? ¿Sabía la China, por ejemplo, de supuestos “propósitos ilegítimos” del gobierno de Chávez cuando concedió fondos a nuestro país?       
Esta polémica aún no saldada obliga a hacer algunas consideraciones que permitan a las nuevas autoridades gubernamentales hacer frente con responsabilidad y tino tales compromisos, siempre respetando la normativa internacional y salvaguardando los intereses nacionales.
En primer lugar, debe recordarse que los compromisos internacionales asumidos por el gobierno nacional pueden ser de diversa naturaleza. Por un lado, están los regulados por el Derecho Internacional Público; me refiero a los tratados bilaterales o multilaterales y otros instrumentos suscritos con otros países; y por otro, los asumidos por entes o empresas del estado (BANDES, PDVSA o CVG),  en los cuales entran en juego normas de derecho del comercio internacional, no necesariamente son firmados con gobiernos extranjeros, porque pueden contraerse con empresas foráneas públicas o privadas. Los primeros, por lo general, constituyen el marco general de los segundos, ya que éstos suelen ser la concreción de la voluntad política expresada en los primeros, aunque pueden tener vida propia y no estar conectados a tratados previos.
De modo que a la hora de evaluar el conjunto de compromisos (tratados, convenios y contratos) firmados por el gobierno nacional con entes extranjeros, habrá que precisar la naturaleza de cada uno de los instrumentos suscritos y examinar su estado de ejecución, para luego determinar, a la luz de las conveniencias nacionales, su mantenimiento, renegociación o terminación.
Obviamente, que la decisión que se adopte, sin duda, tendrá que hacerse con base en los principios, normas y reglas de Derecho Internacional, y de las cláusulas contenidas en los tratados y contratos respectivos. Es la conducta que corresponde a un gobierno respetuoso del estado de derecho internacional, en especial, al principio de que las obligaciones asumidas deben ser honradas en los términos que fueron pactadas (pacta sunt servanda), a menos que haya alguna razón jurídica válida que exima de tal cumplimiento.
Venezuela ha aprobado, según la Asamblea Nacional, alrededor de 320 tratados-leyes desde 1998 hasta el 2010. Estos compromisos nos ligan a países de diversas latitudes y tocan materias heterogéneas. Desde cooperación comercial, pasando por telecomunicaciones, armas, educación, tecnología, cultura, financiamiento, hasta el campo energético y el transporte. Resalta el número inusual de tratados-leyes: Irán, 14; Rusia, 19; China, 11; Brasil, 17; Bielorrusia, 16; Argentina, 15; Siria, 17; Libia, 4; Sudán, 5; Ecuador, 25; Uruguay, 18; Cuba, 5; y Bolivia, 21, entre otros.
En materia de contratos comerciales entre empresas estatales venezolanas y firmas comerciales de esos países, cientos son los instrumentos celebrados, y es en este espacio donde pueden presentarse mayores dificultades a la hora de efectuar cambios. Principalmente, son de compraventa de bienes, transferencia de tecnología, creación de empresas conjuntas y/o de financiamiento (deuda) para la ejecución de proyectos industriales, viviendas, ferroviarios, comunicaciones y agrícolas.
Como ejemplo, vale la pena referirse a los pactos VENEZUELA-CHINA, vistos por el gobierno como concreción de sus nuevas opciones estratégicas en política exterior. Han suscrito 310 compromisos (tratados, contratos y otros), sobre las más variopintas materias, lo que contrasta con apenas 20 firmados hasta 1998. Decenas de empresas chinas han concretado un sinnúmero de contrataciones con PDVSA, BANDES, PEQUIVEN, CVG, CANTV, CORPOELEC, FERROMINERA, CAVIM, FONDAFA, TELESUR, MERCAL, DIANCA y muchas otras. Se admite oficialmente que la deuda asumida llega a 32.000 millones de dólares, administrada por un Fondo Conjunto con cláusulas “de amarre” respecto de suplidores chinos para proyectos aprobados.
El cuadro con empresas rusas es similar, aunque no la extensión y los montos que han alcanzados con China; destacan las compras militares.  
Con Cuba, los compromisos son amplios y oscuros. En éstos las ventajas y liberalidades de que goza ese país son escandalosas. Para el período 2005-2010, el gobierno venezolano anunció un gasto, según datos de CIECA, de 34.400 millones de dólares para Cuba. En este intercambio de petróleo por servicios, se desconoce la fórmula para establecer el valor de los últimos (médicos, asesores deportivos, servicios educativos, etc).
La opacidad que hay en general respecto de gran parte de estos pactos internacionales hace difícil conocer hoy la magnitud y el tiempo exacto de las obligaciones asumidas. Será un problema a enfrentar, cuya solución determinará el curso futuro de las relaciones con los gobiernos de esos países.
La nueva administración venezolana se encontrará con este entramado de compromisos, frente al cual deberá asumir una posición inteligente, prudente y apegada en todo momento al derecho. Es muy probable que la renegociación de algunos de estos pactos sea lo más conveniente y viable. Siempre que su análisis lo imponga, la mayoría, a mi juicio, podrán ser denunciados y/o terminados con facilidad, sin sobresaltos o confrontaciones innecesarias,
Debe tenerse claro que anunciar el desconocimiento de esos compromisos con base en teorías controvertidas o no aceptadas por la comunidad internacional (deuda odiosa) constituiría una conducta desacertada generadora de controversias de resultados inciertos, por mucho que algún pacto o contrato haya sido suscrito en infracción de normas internas.
EMILIO NOUEL V.   
 
 publicado en Venepolicy    http://bit.ly/Diploos3

miércoles, 9 de noviembre de 2011


HIPÓLITO MEJÍA. ¿UN NUEVO HIJO DE CHÁVEZ?

El ex presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, miembro del Partido de Revolución Dominicana (PRD), es candidato de nuevo a la primera magistratura de su país, luego de una fuerte pugna interna en su partido.
Durante su mandato, ése país vivió una crisis económico-financiera bastante severa, ocasionada por la quiebra de algunos bancos. Así, entre la devaluación de la moneda, una alta inflación, el rescate bancario y la huida de capitales se debatió su gobierno.
En el año 2003, Hugo Chávez denunció, sin pruebas, una supuesta conspiración de funcionarios del gobierno de Mejía para asesinarlo. En tal conjura, según el fantasioso venezolano, estaría involucrado el ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien a la sazón vivía en Santo Domingo. Esto llevó a la disparatada suspensión de la exportación de petróleo a ése país hermano. 

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                      Juan Pablo Duarte, prócer dominicano

Posteriormente, en las elecciones de 2004 en las que pretendió reelegirse, modificación de la Constitución mediante, Mejía, acusado de nepotismo y de ser intolerante ante la crítica de la prensa, hasta el punto de encarcelar periodistas, fue derrotado en los comicios por el opositor del Partido de la Liberación Dominicana,  Leonel Fernández.
Las elecciones dominicanas próximas están pautadas para el año entrante.
Mejía es criticado por ser de talante autoritario, y en la práctica lo ha demostrado en su relaciones con los medios. Él reconoce que esa tara la llevarían todos los políticos latinoamericanos, incluido él mismo. 
Recientemente, el autor de estas líneas vio una entrevista televisiva del señor Mejía (NTN24, programa "Conexión América", 13-10-2011) en la que llamó a Hugo Chávez “segundo padre” de su país. Ciertamente, esta exaltación desmedida llama mucho la atención.
No sé qué podrán pensar los dominicanos acerca de tal exageración, que más bien parece una adulación extravagante, innecesaria e indigna, por más que Chávez esté ayudando a RD con petróleo. Colocar a Chávez al nivel de próceres como Duarte, Mella o Sánchez, es un despropósito que insulta la memoria de éstos.
Sobre todo, porque sabemos que el presidente venezolano no otorga facilidades a ese país por razones sinceras de solidaridad o cooperación, sino por interés político.  Todo lo que sirva a su proyecto ideológico de poder militarista dictatorial, todo lo que lo mantenga al frente del gobierno, lo hará. Su estilo es comprar lealtades, conciencias y neutralidades, dentro y fuera de nuestro país.
Obviamente, como bien podría decir el campechano y populachero Mejía, “a nadie le amarga un dulce”. Una ventaja nadie la rechaza, ni esperamos otra conducta de quienes tienen la oportunidad de aprovecharla.
Lo que no nos termina de cuadrar en esta actitud, es que para seguir gozando de la ventaja alguien tenga que humillarse y llegar a extremos deshonrosos.  Aún no siendo dominicano quien esto escribe, sin embargo, se siente chocado por la equiparación impropia de Mejía. “Segundo padre de los dominicanos”, ¡Por Dios¡
Los gobiernos democráticos venezolanos fueron los que crearon el acuerdo para el suministro petrolero a precio preferencial a los países del Caribe. No fue Chávez, por si a alguien se le ha olvidado.
Con este caso de Mejía, me pregunto si para llegar al poder es necesario que los políticos rindan impúdicamente sus principios en el altar de las conveniencias crematísticas. El "realismo pérfido" del que hablaba Octavio Paz no debería llegar a tanto.


                                   
                                    Arz.  Adolfo Nouel B.


Quiero finalizar recordando las palabras de un gran dominicano, quien fue presidente de su país en un momento muy difícil a comienzos del siglo XX, y que debería releer el señor Mejía: "Convengo en que por la Patria debemos sacrificarlo todo; pero ni ella ni nadie puede exigirnos el sacrificio de nuestra dignidad y nuestra conciencia".   Ese dominicano no fue otro que el Arzobispo Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla.

EMILIO NOUEL V.

viernes, 4 de noviembre de 2011

UNA CONTRALORÍA DE RODILLAS

                           


La función contralora, indispensable y necesaria en todo estado moderno, viene de lejos en el tiempo. Y en un Estado de derecho que respete la separación y autonomía de los poderes públicos, aquella función es crucial. En Venezuela,  el órgano llamado por la Constitución y la ley a vigilar por el correcto uso de los dineros públicos, no lo hace debidamente, amén de que está siendo utilizado con fines políticos, y el capítulo arbitrario de las inhabilitaciones electoraless lo demuestra.
Son miles las denuncias de irregularidades administrativas formuladas durante los 13 años del gobierno actual, caídas en saco roto. Cientos de pruebas han sido presentadas, incluso por parlamentarios, señalando presuntas violaciones cometidas por funcionarios de todo nivel, sin que hasta la fecha se conozcan resultas de las investigaciones ni mucho menos sanciones.  
Desde el Plan Bolívar 2000, pasando por PDVSA y PDVAL, hasta las emisiones de bonos de deuda, escándalo tras escándalo, hemos visto la indiferencia -¿cómplice?- de la Contraloría ante los principales responsables de estos delitos contra el erario público. ¿Donde están las averiguaciones?
Sin duda, la Contraloría no ha cumplido con su cometido; ha faltado gravemente a su deber. Como todas las instituciones, también ésta ha sido envilecida, desnaturalizada, corrompida, puesta de rodillas al servicio de una camarilla ávida de poder y riquezas, e inspirada en una ideología demencial. Para rematar el cuadro de irregularidades, no se ha realizado la elección del nuevo contralor, una vez producida la falta absoluta de su titular.
El contralor debe ser elegido por la Asamblea Nacional. A tal fin, el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones (CEPPC), el cual debe estar integrado por diversos sectores de la sociedad. Este Comité debe abrir un proceso público, de cuyo resultado se escogerá una terna, que luego se somete a consideración de la Asamblea. Ésta, mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, escogerá en 30 días continuos, al titular de la Contraloría. Si no hubiese acuerdo, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. No obstante, si el Poder Ciudadano no realizara el proceso señalado, la Asamblea deberá proceder dentro de un plazo que determine la ley, a la designación.
Clodosbaldo Russian falleció el día 20 de junio de 2011, es decir, han pasado 140 días. Esta falta absoluta debió activar al Poder Ciudadano. 
¿Por qué no se cumple este mandato constitucional? Obviamente, el gobierno no tiene los votos para designar un contralor de su confianza que siga apañando vagabunderías que se cometen impunemente.  
Éste es un tema que los venezolanos no deberíamos dejar pasar por debajo de la mesa. Harían bien los diputados democráticos en plantear este asunto importante. Los ciudadanos aspiramos a que se nombre un contralor que vigile de verdad los dineros de todos con escrupulosidad, transparencia y apego a la ley. Que no se preste a las trapisondas que maquine el gobierno contra sus oponentes.

EMILIO NOUEL V.