viernes, 24 de octubre de 2014

LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA NO CESA

                                            

La persecución contra la oposición democrática en Venezuela por parte del gobierno autoritario no da tregua.
Ni siquiera porque está embarrancado aceleradamente en los sondeos de opinión y lleva a cuestas una seria crisis financiera, se detiene en su deriva represiva. Lo que a cualquier gobernante racional llevaría a moderarse, frenarse, reflexionar un poco e incluso a dialogar con sus adversarios políticos, en el caso nuestro, mas bien, se pisa irresponsablemente el acelerador de la crispación política, profundizando los conflictos. 
A pesar de ciertos eventos que nos pudieran hacer pensar lo contrario,  cada día se reafirma ante el mundo la percepción de la condición despótica de los que mandan en Venezuela, su talante irrespetuoso de la ley, su vocación violenta. Son muy pocos los que siguen defendiéndolo a pie juntillas, y en su mayoría, por conveniencia.
En los círculos políticos globales, en muchos gobiernos, en un sin número de instituciones internacionales públicas y privadas, y en la prensa mundial, no son un secreto las acciones arbitrarias violadoras de los derechos humanos perpetradas por el poder militar-civil en nuestro país.
Mencionar a Venezuela en el exterior, lamentablemente, dispara sentimientos de rechazo, cuando no, de compasión. Los comentarios son, principalmente, negativos acerca de su clima político, de su régimen de gobierno, de su economía derrumbada. 
Son harto conocidos los pronunciamientos, las sentencias y recomendaciones de organismos e instancias judiciales condenatorios de la conducta antidemocrática del gobierno venezolano. 
A los casos insólitos contra los alcaldes Scarano y Ceballos, y el dirigente político Leopoldo López, se suman ahora los procedimientos judiciales o las amenazas de plantearlos contra Juan Carlos Caldera, Ismael García, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.
El gobierno, en lugar de resolver los graves problemas que estamos padeciendo, en una suerte de huida hacia adelante, forja casos penales sin fundamento, como ha sido la práctica de todo régimen opresor.
Con ello, además, pretende hacer olvidar a la población de sus problemas, distrayéndola con mentiras e infamias en las que ya casi nadie cree.
A estas infames acciones han incorporado a una administración de justicia arrodillada frente al poder, la que en forma nauseabunda le da cobertura “legal” a todos los desmanes que se cometen.
Una limpieza a fondo habrá que hacer del Estado cuando se recupere la libertad. Mientras, todos los demócratas deben repudiar con fuerza esta oleada represiva con la que se sigue jugando con fuego.

Emilio Nouel V.
@ENouelV
  


La función de los bancos


               ANA BOTIN
La magnitud de los desafíos a los que se enfrentan actualmente los bancos no tiene precedentes. Son cambios profundos y de calado. Y todos exigen un cambio en la manera de hacer banca. El mayor desafío proviene de los nuevos hábitos del consumidor. El cliente siempre ha sido el rey, pero el rey tiene ahora más poder que nunca. Eso es consecuencia en buena parte de la tecnología digital. La revolución digital da al cliente más posibilidad de elección e información que nunca. Este cambio exponencial es creativo y disruptivo a la vez: desplaza modelos de negocio legendarios y crea otros en cuestión de meses, incluso semanas.
Mientras tanto, la confianza en los bancos nunca ha sido tan baja y la avalancha de nueva regulación para evitar que se repita la crisis financiera nunca ha sido tal alta. Y, además, nos enfrentamos a la posibilidad de un menor crecimiento en los países desarrollados con baja inflación constante, bajos tipos de interés y poco crecimiento del crédito.
¿Qué se puede hacer para extender la recuperación a más países de forma que los beneficios del crecimiento favorezcan a todos los sectores y hogares?
Para apoyar la recuperación, es positivo el que las autoridades monetarias y fiscales sigan desarrollando políticas que apoyan la demanda y aumentan la confianza. En cuanto a los Gobiernos, continuar con las reformas estructurales para aumentar la flexibilidad, la inversión, la productividad y el empleo. Apoyar a los empresarios, grandes o pequeños, es prioritario, porque son las empresas las que impulsan la creación de empleo. España es un buen ejemplo de los beneficios de estas reformas, como se mencionó repetidamente en las reuniones del FMI en Washington a principios de octubre.
Para cumplir adecuadamente nuestra función, y para crecer y retener clientes en la era digital, lograr la fidelidad de los clientes es esencial. Tenemos que ser capaces de anticiparnos y crear relaciones estables a largo plazo. Esta es la manera de obtener un retorno sostenible para nuestros accionistas.¿Cómo deberían responder los bancos? Para empezar, habría que recordar algo muy sencillo: nuestra función. Los bancos existen para contribuir al progreso de las personas y las empresas. Está en nuestra mano apoyar el crecimiento, generar riqueza, crear puestos de trabajo e invertir en la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad. Si no cumplimos nuestra función, no progresan ni los bancos ni la sociedad a la que servimos. Y si actuamos con negligencia se destruye la confianza de la sociedad. Demasiados banqueros perdieron de vista su función básica antes de la crisis. Para restaurar la confianza, tenemos que repensar la forma en que trabajamos y nos comportamos. En Santander, queremos hacer una banca sencilla, cercana y transparente.
Para ello, los bancos deben innovar. Al mismo tiempo que construimos relaciones personales, cara a cara con nuestros clientes en las sucursales, ahora también debemos ofrecer un servicio excelente por Internet y por teléfono. Nuestros procesos deben cambiar. Puede que seamos grandes empresas, pero necesitamos el espíritu de una start-up. Debemos adaptarnos a la revolución digital y, al mismo tiempo, tomar siempre decisiones prudentes.
El papel de los reguladores está siendo fundamental para hacerlo. Cuando el G20 se reúna en noviembre en Brisbane, el programa de reformas que se lanzó en 2009 estará prácticamente terminado. Los requisitos de capital de los bancos (teniendo en cuenta la cantidad y la calidad del capital) se han multiplicado por siete como resultado de estas reformas, según el Consejo de Estabilidad Financiera.
Esta nueva regulación debe ser capaz de responder a las siguientes cuestiones. ¿Permite a los bancos cumplir con su función, ayuda al progreso de personas y empresas, y contribuye así adecuadamente al crecimiento? La nueva estructura regulatoria, ¿permite que los bancos quiebren sin necesidad de ayudas públicas?
Encontrar el equilibrio adecuado entre objetivos que compiten entre sí: reforzar el capital y la liquidez; reducir la complejidad; aumentar las posibilidades de resolución, y mejorar la conducta en los negocios, al tiempo que se permite a los bancos apoyar el crecimiento, no es tarea fácil.
Por ejemplo, la separación o prohibición de algunas líneas de negocio puede ser necesaria para reducir la complejidad en determinadas entidades pero, si se aplica a todos los bancos, podría limitar el acceso a los servicios bancarios y aumentar el precio de determinados productos a clientes minoristas y pymes.
Dicho todo esto, obviamente necesitamos cambiar. En Europa, la crisis demostró que el crecimiento y la estabilidad requieren no sólo bancos sólidos, sino un marco institucional europeo reforzado. Desde entonces, hemos dado pasos muy importantes para poner las bases de una unión bancaria, que nos ayudará a eliminar incertidumbres por medio del control de calidad de los activos (AQR), las pruebas de resistencia (stress tests) y el supervisor único. Además, facilitará la reestructuración ordenada o la resolución de los bancos en crisis. La unión bancaria preparará el escenario para una mayor integración, eficiencia y competitividad.Por otra parte, un ratio de apalancamiento puede ser necesario para evitar el exceso de endeudamiento del sistema en su conjunto. Pero si se convierte en la principal restricción de capital para algunas entidades podría poner en cuestión la premisa fundamental de “a más riesgo, más capital” y, por tanto, crear incentivos perversos para los bancos. Aunque tenga sentido a más largo plazo tener un requerimiento de capacidad de absorción de pérdidas que asegure que el coste de una crisis bancaria lo paguen los acreedores y no el contribuyente, eso no debería implicar cambios en las estructuras de financiación que favorezcan tomar deuda en lugar de depósitos.
Esto plantea a los bancos el desafío de pensar de forma diferente. Hemos visto la eurozona como si se tratara de la suma de diversos mercados, pero para el Banco Central Europeo, y para nosotros en Banco Santander, a partir de ahora será uno solo: un reglamento, un supervisor, un mercado. Esta nueva estructura debería impulsar el crecimiento de la economía europea, algo que no se reconoce suficientemente.
El éxito a largo plazo de Banco Santander será juzgado en función de nuestros beneficios y nuestra rentabilidad. Pero lo que realmente impulsará nuestro negocio y generará crecimiento sostenible serán las relaciones que tengamos con nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros accionistas y con la sociedad a la que servimos. Si nuestros empleados se sienten motivados, comprometidos y reconocidos, se esforzarán al máximo por los clientes. Si estos reciben un servicio excelente y sienten que estamos de su lado, contarán más con nosotros. Si esto ocurre, los resultados mejorarán y los accionistas se quedarán con nosotros e invertirán más. Esto ayudará a que podamos hacer más para apoyar a la sociedad y el círculo virtuoso volverá a empezar.
El objetivo es común para autoridades y entidades: bancos estables y prudentes, pero innovadores y ágiles. Al tiempo que terminamos de definir la nueva regulación, confío en que no olvidaremos a los millones de personas, particulares y empresas, a los que tenemos que servir y apoyar.
Ana Botín es presidenta de Banco Santander

martes, 14 de octubre de 2014

EXXON-MOBIL Y ROSITA ALVIREZ

Lo que para un ser humano normal y corriente sería algo negativo, desastroso, para los que gobiernan a Venezuela es todo lo contrario. Un fracaso estruendoso y evidente de una política cualquiera es triunfo fulgurante para los revolucionarios bolivarianos. La quiebra económica es auge, la ruina es desarrollo. El infierno es el cielo.
Por arte de no sabemos qué mecanismo psicológico insondable y retorcido, los líderes oficialistas son capaces de ver portentos en una situación o actuación a todas luces catastrófica. Y no se trata de que sean optimistas o muy dados a ver siempre el vaso medio lleno. No.
Ni siquiera la razón es porque, como políticos, estén obligados a resaltar lo bueno del gobierno propio y minimizar sus desaguisados, cosa natural en la política. No.
De lo que se trata, en el caso que nos ocupa, es que se llega a menudo al absurdo de valorar o emitir opiniones ayunas de un mínimo de racionalidad, y lo hacen sin ruborizarse, con el mayor caradurismo. Decir que algo es blanco cuando está claro que es negro, es prueba de que algo no funciona bien en esas mentes. Son expresiones que nos hacen pensar en que creen que los venezolanos somos unos imbéciles, o que son ellos los imbéciles.
Para el gobierno chavista, sus notorios descalabros son grandes éxitos.
Basta ver el deplorable y criminal estado en que han colocado a las empresas del Estado y las que han estatizado. Abandonadas, destruidas, quebradas y saqueadas. Y sin embargo, dicen que marchan a las mil maravillas. El estropicio que todos observamos, cifras en mano, ellos no lo ven. Siguen despilfarrando dinero en ellas, sin atacar las causas de su derrumbe.
El control de cambios está arruinando el país, y ellos lo celebran como un gran avance de la revolución, porque de suprimirlo -Aristóbulo dixit- los tumbarían.  La inflación es la más alta del mundo, y para el gobierno es una insignificancia que no amerita mayor atención ni referencia. Las deudas externa y doméstica están poniendo en jaque la economía, y esto les parece normal.
Carlos El Chacal, matón serial, cruel y despiadado, es un héroe loado y admirado por la revolución, al igual que el asesino revolucionario más famoso: el Che Guevara.
A los hampones metidos a políticos se les rinde honores de jefe de Estado y sus nombres son utilizados para designar programas gubernamentales. 
Es un mundo al revés el que viven los que desgobiernan al país. Es un cambalache, como el tango aquel.
La última manifestación de este mundo invertido es lo declarado por Rafael Ramírez con ocasión de la condena a Venezuela en el CIADI.  Condena, repito, no victoria.
Cuando se va a un juicio, para poder decir que se es victorioso al final, hace falta, en primer lugar, no ser condenado y cobrar, o al menos, no pagar suma alguna. 
En el caso de EXXON-Mobil, provocado por una conducta demencial expropiatoria, del bolsillo de los venezolanos hay que sacar la bicoca de 1.600 millones de dólares, independientemente de que ya se ha pagado una parte, de que los demandantes hayan aspirado a una cantidad mayor, o de que la expropiación haya sido conforme a derecho. Lo que queda claro es que pagamos un montón de dinero que requerimos para muchas necesidades (Alimentos, medicinas, materias primas, estudiantes en el exterior, repuestos, etc). Regodearse en lo meramente “jurídico-formal” es no ver el daño causado, el contexto del problema, y las consecuencias económicas para el país.
Haber sido victorioso en esa controversia hubiera significado no haber pagado nada, o reportar al país algún beneficio, lo que no fue así.  No sólo el tesoro nacional deberá responder con tal cantidad, también tendrá que contabilizar el pago por concepto de abogados, unos cuantos millones de dólares.
Esa controversia era innecesaria. Haberla provocado es un daño que se le inflige a la nación, a los venezolanos, que muy mal la estamos pasando con la escasez y el alto costo de la vida, sin mencionar el resto de las desgracias que se han echado sobre nosotros en los últimos 3 lustros. Exponer al país de manera irresponsable a ser demandado es un acto de corrupción, de perjuicio al patrimonio público.
La Venezuela chavista, un mundo al revés. Como en la ranchera Rosita Alvírez, el día que condenaron a Venezuela en CIADI estaba de suerte, de tres tiros que le dieron, nomas uno era de muerte.

EMILIO NOUEL V.
@ENouelV

jueves, 9 de octubre de 2014

Hora de librarse de la camisa de fuerza del Mercosur



Juan Carlos Hidalgo

El País

El futuro de Brasil y Uruguay dentro del Mercosur se ha vuelto uno de los principales temas de campaña en sus elecciones presidenciales a raíz de las intenciones manifiestas de los candidatos de oposición de buscar acuerdos comerciales bilaterales con otras naciones y bloques. Si bien no parten como favoritos en sus respectivas contiendas, de alcanzar la presidencia Aécio Neves en Brasil y Luis Lacalle Pou en Uruguay, plantearían una importante reconfiguración política y comercial en Sudamérica.
El descontento con Mercosur ha venido creciendo conforme dicho grupo pasó de ser una prometedora zona de libre comercio a convertirse en una alianza política de gobiernos de izquierda. Si bien en sus primeros años el bloque fue bastante exitoso en abolir barreras comerciales entre sus miembros, en los últimos 10 años, ha sucumbido a las inclinaciones proteccionistas de sus dos socios más grandes, Argentina y Brasil. Prueba de ello es que, tras más de 20 años de existencia, Mercosur no ha logrado materializar dos de sus principales objetivos: libre comercio absoluto entre sus miembros y la implementación de acuerdos comerciales de importancia con actores como Estados Unidos o la Unión Europea.
Esta degeneración de propósitos tuvo su cénit con la incorporación de Venezuela al grupo en 2011 tras la suspensión temporal de Paraguay por el juicio político realizado al presidente Fernando Lugo. La legalidad de dicho acto fue resumida en ese momento por el presidente uruguayo José Mujica cuando dijo que “lo político superaba ampliamente a lo jurídico”. Si bien Venezuela fue admitida al Mercosur, no entró a formar parte de la unión aduanera, lo que confirma la primacía actual de los fines políticos sobre los comerciales.
Dicho énfasis no tuvo mayor consecuencia aparente en la última década cuando los países del Mercosur disfrutaban de una bonanza en sus exportaciones producto del alto precio de las materias primas. Durante este lapso, al otro lado del continente, países como Chile, Perú y Colombia negociaron activamente acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea e incluso China. Sin embargo, conforme empezaron a menguar los vientos de cola de las condiciones externas favorables, y las economías del Mercosur se desaceleraron, dicho bloque ha empezado a ser percibido más como una camisa de fuerza que como una plataforma de oportunidades.
En Brasil, la necesidad de abrir mercados externos se ha hecho cada vez más evidente. La parálisis de la Ronda de Doha y el estancamiento en las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea lanzadas en 1999 —principalmente debido a la reticencia argentina— han fortalecido las voces para que Brasilia negocie TLC por cuenta propia. Aécio Neves ha propuesto “flexibilizar” al Mercosur de tal forma que su país pueda alcanzar el tan ansiado acuerdo con la UE, que es el principal socio comercial de Brasil. Los números resaltan la lógica de esta posición: mientras que las exportaciones brasileñas al resto de Mercosur constituyen un 11,6% del total, las ventas a la UE representan un 21,4%. Neves incluso ha señalado que el bloque sudamericano debería copiar el ejemplo “dinámico” de la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile.En particular, está sobre el tapete la llamada “Decisión 32/00”, que no permite que un país miembro de Mercosur suscriba acuerdos comerciales con otras naciones sin tener primero el consentimiento del bloque. Esta cláusula ha sido aprovechada por los gobiernos proteccionistas, principalmente Argentina, para ahogar cualquier intento de otros estados miembros, especialmente los dos pequeños, de suscribir tratados de libre comercio bilaterales. De tal forma, Paraguay recientemente tuvo que engavetar las negociaciones que sostenía con México ante la resistencia de sus socios del Mercosur.
En Uruguay, el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou igualmente ha planteado la necesidad de que Mercosur permita a sus socios negociar tratados comerciales con otros países y bloques. En el pasado Uruguay coqueteó con un TLC con Estados Unidos, y es ahora uno de los principales interesados en materializar la negociación con la UE. Lacalle Pou indicó que, como presidente, lucharía por eliminar la Decisión 32/00.
Sin embargo, cabe destacar que dicha cláusula constituye una traba política pero no jurídica para aquellos países interesados en buscar acuerdos bilaterales. La Decisión 32/00, que no forma parte del Tratado de Asunción de 1991, fue acordada por los Ejecutivos del Mercosur en el 2000, pero nunca fue ratificada por los respectivos parlamentos nacionales. De tal forma, su validez es simbólica mas no legal, ya que los ordenamientos constitucionales de estos países establecen que los tratados internacionales deben ser refrendados por el Legislativo para entrar en vigencia. Así, de resultar electos, tanto Neves como Lacalle Pou están en capacidad de señalar que Brasil y Uruguay no cuentan con un impedimento legal para materializar acuerdos comerciales con otras naciones. Paraguay muy probablemente se les una, ya que desde hace varios años ha dejado muy clara su insatisfacción con el Mercosur.
Si Neves y Lacalle Pou en verdad apuntan al libre comercio, deben librarse de la camisa de fuerza en la que se ha convertido el Mercosur.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC.

martes, 7 de octubre de 2014

                                AECIO NEVES, LA ESPERANZA DE CAMBIO SIGUE VIVA


                                                  


AECIO NEVES, LA ESPERANZA DE CAMBIO SIGUE VIVA
Dilma Rousseff, como se esperaba, ganó la primera vuelta. Para el ballotage, el resultado le es incierto, aunque sigue teniendo la opción principal.
El tucano Aecio Neves descontó de manera impresionante la ventaja que le llevaba Marina Silva, hasta hace unas semanas la rival con mayor peso frente a la presidente en ejercicio, desplazándola del segundo lugar.
Las encuestas del último mes y medio descaminaron a los observadores, la polarización tradicional entre el PT y el PSDB lucía rota. Marina se derrumbó estrepitosamente con la misma velocidad con que se colocó en cierto momento en el primer puesto. Flor de un día.
Al ver los resultados del domingo pasado, sólo queda decir que o los sondeos se equivocaron, al darle una preeminencia que no tenía sólidamente en el electorado, o Silva, con sus errores de campaña, sumados a los ataques inclementes de sus contendores, perdió en pocos días el apoyo que inicialmente tuvo a la muerte de Campos.
Lo cierto es que Marina vuelve a sacar una cifra nada desdeñable, mayor a la de las elecciones pasadas. Mantiene un capital electoral “cautivo” de alrededor de 22 millones de votantes, que habrá que seducir para la confrontación final del 26 de Octubre.
Los tucanos -así llaman a los socialdemócratas en Brasil- ya andan conversando con representantes de Silva para llegar a unos arreglos que abran la posibilidad de ganar en la segunda vuelta. La mayoría de los dirigentes importantes del Partido Socialista acordaron  unirse a la candidatura de Neves, a pesar de algunas disidencias. Por otro lado, dirigentes tucanos quieren acordarse sólo con ella, porque representa un símbolo importante que goza de un apoyo considerable. En el día de hoy, se supo que el partido de Marina, Red Sustentable, dio libertad a su militancia de votar por quien quiera, lo cual hace posponer el apoyo de ella a Neves.
El ex presidente Fernando Henrique Cardoso ha estado muy activo en lograr ese acuerdo, que podría significar la derrota del gobierno.
En Brasil hay escepticismo sobre el futuro, la economía anda cojitranca. Los casos de denuncia de corrupción en el gobierno son numerosos. El PT y el lulismo están involucrados en todos. Y esa llaga purulenta la seguirá abultando Neves en los días venideros.
Neves ganó en todos los barrios de Sao Paulo. Los mercados se entusiasman con la posibilidad de que éste derrote a Rousseff.
Neves ha prometido llevar al Banco Central a quien lo presidió en la época exitosa de Cardoso, tiempo en que la moneda se estabilizó y las cuentas del país se sanearon.  El programa de Neves propugna por la descentralización.
Mientras Dilma habla de los fantasmas del pasado, crítica velada al gobierno de Cardoso, Neves dice que los brasileños están preocupados con los monstruos del presente: inflación, recesión y corrupción.
Muchos demócratas vemos con simpatía un probable triunfo del tucano. Aecio Neves representaría no sólo para los brasileños un viraje importante en la situación política y económica doméstica, también para la región y el hemisferio. La reputada Itamaraty, institución diplomática devaluada en los gobiernos del PT, recobraría su prestigio y estima, muy disminuidos en años recientes por la ideología, y cambios estratégicos y alianzas internacionales incomprensibles.
En materia de integración regional, Neves señala el estancamiento de Mercosur, plantea una nueva estrategia para salir del encierro en que lo han metido los gobiernos últimos. Un Mercosur ensimismado no está en sus planes. Comparte la idea de uno volcado a otros socios en el continente y el mundo. Es de esperar una nueva orientación en la política exterior hacia el hemisferio, EEUU y los países desarrollados.
Para los venezolanos que luchamos contra un gobierno autoritario, el triunfo de Neves podría convertirlo en un actor político en el entorno regional que propicie con otros factores, cambios favorables a la recuperación de  nuestra democracia.  
La pelea aun no está ganada. Dilma Rousseff dispone de muchos y grandes recursos políticos que están puestos en tensión para evitar la derrota. El PT es un partido implantado y fuerte, aunque carcomido por la corrupción.¿ Como votaran el 26 los que votaron por Marina?

Desde Venezuela, unos cuantos apostamos por el triunfo del tucano. Quién quita que gane. 

EMILIO NOUEL V.

sábado, 4 de octubre de 2014

Las empresas ven peligrar el festín fiscal


MIGUEL ANGEL GARCÍA VEGAS

La fiscalidad de las multinacionales amenaza el equilibrio económico del planeta. Este es el mensaje que lanza la OCDE. La organización que agrupa a una treintena de países industrializados quiere finiquitar el festín fiscal que determinadas multinacionales, sobre todo tecnológicas y estadounidenses, se están dando en Europa con la artimaña —legal, por ahora— de trasladar de forma artificial los beneficios que obtienen en un país, pongamos España, a otro, digamos Irlanda, para beneficiarse del bajo gravamen (12,5%) que este último territorio aplica sobre los beneficios de las empresas. En la jerga del sector lo llaman "erosión de las bases imponibles". En el lenguaje de todos sería "inequidad". Otra treta que aplican algunas grandes corporaciones es utilizar sofisticados esquemas de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos. A esto lo denominan "propuestas fiscales agresivas". Cualquiera diría "injusticia".
Subterfugios y recovecos que recuerdan aquel intuitivo verso del escritor Rafael Sánchez Ferlosio: "Vendrán más años malos y nos harán más ciegos". Pues bien, en este entorno fiscal, que según algunos expertos está entrando "en una nueva era", Greg Wiebe, responsable mundial de fiscalidad de KPMG, resulta una voz clave en el debate sobre transparencia y moral fiscal. Pues sabe que tiene que lidiar con tiempos de cambios. "El problema que tenemos con el sistema impositivo internacional es que las normas son nacionales, pero los negocios hoy día resultan globales", recalca. "Además, las reglas se crearon hace 10 o 20 años y las transacciones comerciales han cambiado mucho desde entonces".
Sin duda el gran motor de la transformación han sido los negocios digitales, que venden en cualquier país del mundo, pero que casi eligen a conveniencia dónde tributan. La OCDE quiere aplicar el principio de que paguen allí donde generan las ganancias. Por eso ha planteado algunas ideas —que se debatirán hasta 2015— para proteger la base imponible de los Gobiernos y ofrecer más seguridad a los contribuyentes. Por ejemplo, las multinacionales deberán detallar en cada país sobre sus beneficios, activos, pagos de impuestos efectuados y derechos de propiedad. En el papel son 15 propuestas.
Sobre ellas, Greg Wiebe plantea un delicado equilibrio en el fiel de la balanza. De un lado admite las carencias. "Con la nueva realidad económica que hay alrededor de los negocios, la fiscalidad en la economía digital no funciona muy bien", señala. Y advierte de que "ya no basta simplemente con cumplir con la legislación de cada país, la sociedad exige más, y si las multinacionales no lo tienen en cuenta, asumirán un riesgo reputacional enorme". Tanto es así que Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, avisa de que este tema se está convirtiendo en un problema político.
Como se ve, la geometría resulta a veces imprecisa. Aunque no se trata de un juego de suma cero. Hay ganadores y perdedores. "Cada vez sentimos menos demanda por parte de las multinacionales de planes fiscales agresivos. De hecho, muchos de los planes que hemos visto desde hace una década, probablemente nunca más los volveremos a ver", matiza el experto. Al contrario. "Las empresas están centrando sus esfuerzos en cumplir con una normativa que es muy complicada y que varía en cada país. Imagínese la pesadilla que supone trabajar, por ejemplo, con 90 regulaciones distintas en el mundo de la economía global", puntualiza Wiebe.Al tiempo, en la bancada de las fortalezas, Wiebe reconoce "que la política impositiva pertenece a cada país" y entiende que un territorio pueda usarla para atraer inversiones o generar empleo. Por esta razón, Inglaterra quiere bajar su gravamen de sociedades del 29% al 20%. ¿Suficiente para eludir la desconfianza hacia ciertas corporaciones? "Nunca he visto una multinacional que trabaje o se sitúe fuera del sistema impositivo", apunta. "Todas quieren operar dentro. Por eso creo que ha sido injusta toda esta discusión política cuyo objetivo es señalar a las grandes corporaciones". Ahora bien, "si queremos formar parte del nuevo orden internacional que se está creando, significa que los países tendrán que trabajar juntos con estrategias, guías y principios comunes. Esto supone que van a tener que despedirse de cierta autonomía fiscal".
Nadie dijo que fuera fácil, lo que sí parece es urgente. Pese a todo, los cambios consumirán su tiempo. La propuesta de la OCDE supone modificar toda la estructura fiscal internacional. Tanto es así que Greg Wiebe cree que "implantar los cambios llevará entre un lustro y una década". Y reconoce el reto. "Es un buen plan y está haciendo excelentes progresos. Sin embargo, resulta muy complicado alinear a todos los países para hacer las transformaciones necesarias". Por esta razón ya vemos algunos palos en las ruedas. Los legisladores republicanos Orrin Hatch y Dave Camp se oponen a la iniciativa de la OCDE porque "se está usando como una forma para que otros países suban los impuestos de los contribuyentes estadounidenses".
Wiebe prefiere no entrar a valorar actitudes personales y remarca la dificultad del empeño. Pero a la vez mantiene la "profunda convicción de que vamos hacia un sistema impositivo mejor para todos", asevera. Para llegar hasta ahí, "los Gobiernos tienen también que afrontar su responsabilidad de cara a la sociedad. Y esta pasa por asegurarse de que las empresas tienen un entorno competitivo para hacer negocios. Lo cual incluye un régimen fiscal que resulte fácilmente comprensible y que no haga muy difícil la gestión de la compañía".
Todo ello antes de mirar la bola de cristal y elaborar su listado de deseos para la próxima década. "En ese tiempo", relata el especialista, "me gustaría que los países tuvieran un tipo impositivo para las corporaciones próximo al 20%; también querría seguir viendo que las naciones cuentan con la oportunidad de utilizar su sistema tributario para crear incentivos que atraigan capitales y creen puestos de trabajo, y, desde luego, desearía ver una relación distinta entre las autoridades fiscales y las corporaciones. Estas tienen que ser más transparentes y deben compartir toda la información en tiempo real con los responsables fiscales".Porque a su juicio está muy clara la actitud y las necesidades de las empresas. "Su deseo es cumplir la normativa fiscal, evitar los daños a la marca —que podría verse muy deteriorada, especialmente en un mundo donde las redes sociales tienen tanto peso, si la sociedad percibe que la planificación fiscal resulta muy agresiva o injusta— y beneficiarse de ventajas fiscales legítimas que hay disponibles", desgrana Greg Wiebe.
Esa colaboración entre los territorios y las autoridades será difícil conseguirla, y la posibilidad de que surjan consecuencias imprevistas es elevada, pero "creo que se pueden lograr acuerdos si se emplea el diálogo y la comunicación", indica Wiebe. Un optimismo que, acorde con este experto, tiene su sentido. Ya que la transformación está en marcha. "Solo hay que ver el cambio de la normativa sobre el secreto bancario. O pensar en la falta de transparencia que existía en las transacciones financieras en 2008 y cómo ha cambiado en la actualidad. Había además muchos países que no proporcionaban información y esto ya no sucede. Existe un movimiento muy profundo hacia una mayor transparencia". Quizá porque la sociedad, que ha pasado años malos, cada vez es menos ciega. 

miércoles, 1 de octubre de 2014

El juez Griesa declara a Argentina en desacato


Sandra Pozzi/ Alejandro Rebossio

El País
Thomas Griesa sumó un nuevo eslabón al caso judicial que le enfrenta con Argentina, al declarar al país en desacato. El magistrado neoyorquino interpreta que cualquier pago a los acreedores viola su decisión previa de bloqueo mientras no se llegue a un pacto aceptado por los fondos buitre.NML Capital y Aurelius Capital Management se negaron en rotundo a aceptar la quita y luchan porque se les paguen el 100% del valor original de la deuda más los intereses y las multas.
La decisión del magistrado, que eleva aún más la tensión diplomática con EE UU, se conoció tras una audiencia con los abogados del Gobierno argentino, en la víspera de que expire el segundo plazo para pagar a los tenedores de bonos por una suma estimada en 200 millones de dólares. Argentina ya incumplió el 30 junio el pago de los intereses. Un enfrentamiento puede hacer descarrilar el plan de reestructuración de la deuda de la crisis de 2001.
Buenos Aires logró que el 92% de los inversores aceptaran perder el 70% del valor de los bonos en propiedad. Los dos fondos especulativos, sin embargo, se desmarcaron y piden además que se sancione a Argentina con 50.000 dólares por cada día que pase sin que les abone lo que reclaman. Griesa les ya dio la razón el 30 de julio, al ordenar que se les pague todo lo que reclaman antes que al resto de bonistas.
Griesa consideró durante la audiencia que la nueva legislación “violará claramente” su decisión, porque trata de esquivar las ordenes judiciales cautelares que dictó en este asunto. Por este motivo procedió a declarar a Argentina en desacato, al considerar que se están tomando medidas para “evadir partes decisivas” de su orden, aunque se reservó pronunciarse sobre la sanción que piden los fondos buitre para más adelante en el proceso.El caso al que se enfrenta argentina con los fondos buitres pone en evidencia las dificultades para tratar este tipo de cuestiones a nivel internacional. El bloqueo de Thomas Griesa se aplica a la deuda emitida bajo la legislación de EE UU y Reino Unido. Buscando una alternativa, los legisladores argentinos aprobaron el 11 de septiembre recurrir a una nueva vía para realizar el pago a los acreedores cambiando de sede de pago.
Una semana después, un Tribunal Federal de Apelaciones se desentendió de la agria batalla legal de Bueno Aires con los fondos buitre, al considerar que no tenía jurisdicción para pronunciarse en el caso planteado por Citibank. El grupo financiero, que actúa como agente, se encontraba entre la espada y la pared, porque o violaba la orden judicial de EE UU o arriesgaba con perder la licencia para operar en el país y gestionar sus activos.
Argentina envió horas antes de la audiencia una carta al secretario de Estado de EE UU, John Kerry, en la que advierte de que es víctima del "acoso" de los 'fondos buitre' y de "una orden judicial de cumplimiento imposible". De ese modo se refirió al hecho de que si Argentina paga a los 'buitres', corre el riesgo de demandas de la mayoría de acreedores que aceptaron la reestructuración de 2005 y 2010.
La embajadora argentina en EE UU, Cecilia Nahón, advierte en la misiva que si el juez Griesa declaraba a su país en desacato de su fallo estaría violándose el "derecho internacional". "Este nuevo intento de agresión judicial contra Argentina es una acción de los fondos buitre", dijo el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, al exponer el contenido de la carta y los argumentos que usaría en la audiencia.