miércoles, 21 de junio de 2017

VENEZUELA Y COLOMBIA EN LA ESCUELA DE GOBIERNO ALBERTO LLERAS CAMARGO


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Sin duda, lo que acontece en nuestro país es motivo de alta preocupación para el entorno  cercano y más  allá.
Las repercusiones del desastre venezolano ya se están sintiendo en otras sociedades vecinas. Y las perspectivas a corto y/o mediano plazo, de seguir agravándose la crisis,  no son muy halagüeñas. Brasil, Colombia y algunas islas cercanas empiezan a ver como posible una inmigración eventual de venezolanos aventados por nuestra situación.
Una acentuación de la ingobernabilidad política y de la crisis humanitaria podría  tener efectos indeseables en naciones aledañas; de allí que los observadores, analistas y gobernantes del entorno, estén mirando con mucha atención el desarrollo de los eventos, no vaya a ser que les tome de sorpresa hechos inesperados, sin disponer de planes contingentes que amortigüen  sus efectos.   
Como consecuencia de tales inquietudes, recientemente, en Bogotá, tuvo lugar un evento organizado por la prestigiosa Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo (Universidad de Los Andes), con el propósito de debatir las consecuencias que el chavismo ha tenido en las relaciones colombo-venezolanas.
No son pocas y de menor monta las secuelas negativas que el desgobierno chavista ha traído para aquellas, y a ese asunto dedicamos algunas horas en el país hermano.
Quienes asistimos no podemos menos que sentirnos muy agradecidos por el interés manifestado por los organizadores respecto del destino de nuestra Nación, en la hora tan aciaga que vivimos.
Más allá del análisis de las repercusiones políticas, económica, sociales o migratorias que pueda comportar para Colombia la deriva de la situación venezolana, recibimos muestras muy gratas de solidaridad hacia los sectores políticos y sociales que están librando una dura lucha para recuperar la institucionalidad democrática y las libertades, hoy pisoteadas por un gobierno tiránico y destructor. 
Desde nuestro punto de vista, como lo recalcó el embajador Leandro Area en su intervención, todo lo que suceda en Colombia, no es un problema de política exterior, sino interno. Así como, quizás, para muchos colombianos, lo venezolano también sea visto desde la misma perspectiva.
En el mundo de hoy, el de la interdependencia global, entre las políticas nacionales y las internacionales el deslinde se ha ido borrando desde hace mucho tiempo. La porosidad entre los países cercanos o no, se ha ido ampliando y los vasos comunicantes de variopinta naturaleza entre las sociedades convierten los problemas en asuntos comunes. También sus remedios y la implementación de éstos.
Pero esta dinámica “interior” se da, sobre todo y principalmente, entre países fronterizos, como es el caso que nos ocupa. 
Venezuela y Colombia han estado y estarán una al lado de la otra por los siglos de los siglos.
Sus tribulaciones y logros son similares a los nuestros y algunos nos envuelven a ambos. Lazos políticos, económicos, culturales y familiares nos reúnen, para lo bueno y lo no tan bueno.
Desencuentros no han faltado. No obstante, las relaciones en las décadas anteriores a la calamidad que nos agobia en la  atualidad, fueron llevadas con un espíritu de cordialidad, cooperativo y en la búsqueda de beneficios mutuos. En lo comercial, llegamos a convertirnos en la frontera más dinámica de la región. El intercambio mercantil, bajo el paraguas integrador de la Comunidad Andina, llegó a alcanzar a más de 7.000 millones de dólares en el año 2008, cifra ésta que se logró a partir de un ascenso progresivo desde varias décadas atrás. Hoy, lamentablemente, un relacionamiento que se cultivó todo ese tiempo se ha descalabrado por causa de un gobierno, el venezolano, que ha hecho lo indecible para destruirlo. El año 2017, el comercio apenas sumó alrededor de de 700 millones de dólares, y esta caída es tan brutal como injustificada.
Los que participamos en el evento de Bogotá: Leandro Area, Oscar Hernandez Bernalette y quien escribe estas líneas, reiteramos a quienes de manera deferente fueron a vernos y oírnos, que en Venezuela los demócratas valoramos los lazos que nos han unido e integrado con Colombia por muchos años.  Dejamos claro que un gobierno distinto al que padecemos en el presente, retomará una senda que nunca se debió torcer: la de la estrecha asociación sinérgica y el provecho social compartido. Solo así, estamos convencidos, ambas sociedades podrán dar de sí los frutos que sus ciudadanos esperan no solo de sus gobernantes.
Celebramos que la Escuela de gobierno Alberto Lleras Camargo se coloque en la tesitura de ventilar los asuntos que atañen a ambos países, y ojalá estos encuentros, aquí y allá, se mantengan permanentemente, animados de un espíritu amplio, sincero, solidario, democrático  e integrador. 

EMILIO NOUEL V.

sábado, 20 de mayo de 2017

TODO O NADA: ¿ES ÉSE EL DILEMA?

No son pocos, dentro y fuera del país, que se preguntan, visto lo visto, porqué sigue en el poder el gobierno militar-cívico que nominalmente encabeza Nicolás Maduro.
El desastre gigantesco en lo económico y social sería razón suficiente para que un gobierno de gente normal y medianamente razonable hubiera renunciado y dado cabida a una solución democrática ajustada a los parámetros constitucionales.
Pero lamentablemente no estamos frente a unos políticos normales, juiciosos, responsables y conectados a la realidad, con los cuales uno podría tener las diferencias naturales que se dan en cualquier sistema democrático. Ése no es nuestro caso.
Por el contrario, los venezolanos encaramos una tiranía, que tampoco es de las que una designaría como “normal”, clásica, porque está comandada, como ha sido señalado, por una secta militarista, que además de ser inescrupulosa, perversa y corrupta, actúa como una agrupación de corte fascista, aunque se adorne con un discurso supuestamente reivindicador de los más necesitados y partidario de la paz.
¿Por qué no cae este gobierno, habida cuenta del desastre y del repudio casi unánime de los ciudadanos, expresado durante 45 días continuos, con un saldo de penosas muertes, asesinatos, mas bien, de jóvenes?
¿Qué hace que siga sosteniéndose un gobierno también rechazado y condenado por gran parte de la comunidad internacional?
¿Cuántas atrocidades adicionales debemos sufrir antes de que salga el gobierno más letal que hayamos conocido en nuestra historia patria y la del hemisferio?
¿Qué otra cosa debemos hacer los que oponemos a él para que de una vez por todas se vaya?
Estamos librando una lucha asimétrica que a pesar de esta circunstancia, cada día se agudiza por la terquedad absurda de un poder que no quiere ceder en nada y buscar una salida consensuada, y ajustada a la Ley.
La camarilla militar-cívica que ha hundido al país en el caos no abre una mínima puerta a una solución. Está llevando al país a prácticamente una guerra civil. Su siembra de odio y rabia está conduciendo a un clima en el que la irracionalidad se podría imponer, y eso ya se está viendo. Mucha gente empieza a ser asaltada por una pasión intensa de  venganza y si esto se llegare a instalar en gran parte de la población, no quiero ni mencionar en el oscuro foso en que caeríamos como sociedad.
La dirigencia opositora, en medio de esta vorágine, tiene que asumir un rol orientador, sin perder el objetivo central. No solo al gobierno se le está yendo de las manos el control de la situación, también a los líderes de la oposición les podría ocurrir otro tanto.
La oposición, por encima de sus iniciativas de justas y legítimas protestas, debe proponer, igualmente, una propuesta política clara al país.  Que vaya más allá de las generalidades de la necesidad urgente de un cambio político. Solo con planteamientos concretos de cara no solo a sus seguidores, sino también a aquellos sectores que se ubican políticamente en el bando contrario, se puede encauzar una salida al atolladero en que estamos.
En sectores alrededor del gobierno, tiene que haber algunas reservas de sensatez política, de instinto de supervivencia, de percepción correcta de la realidad. Allí hay gente que percibe que de persistirse en la enloquecida deriva actual, saldremos perdiendo todos con el hundimiento del país.
¿Qué vamos a proponer a ellos? ¿Qué propondremos a un sector que ha sido involucrado criminalmente en la política, las FAN?
¿Qué planteamos en materia económica?
¿Qué tipo de gobierno queremos instaurar para salir de esta crisis?  ¿Quienes deberían componerlo ( no me refiero a nombres)?
¿Qué mensaje concreto vamos a enviar a la comunidad internacional?
Contestemos estas preguntas de una vez y lancemos al país y el mundo nuestro plan concreto y puntual de recuperación de la democracia y la economía, y los mecanismos concretos para ello. No se trata de redactar un exhaustivo programa, pero sí de ofrecer un conjunto de medidas perentorias que podría adelantar un gobierno con amplio apoyo nacional, incluida gente que ha estado en la órbita del gobierno.
Sé que los ánimos encendidos y las pasiones desbordadas son los que en estos momentos se imponen. Que las contradicciones son muy agudas, que la rabia está desatada y que hay quienes piensan en términos de ‘todo o nada’. Pero para superar esta terrible situación es necesario un poco de cabeza fría, porque en ello nos jugamos la existencia como país.
En esta lucha desigual, y lo subrayo, desigual, en términos de instrumentos de fuerza bruta (aunque el que la tiene, el gobierno, no ha podido imponerse), es necesario, de parte de la oposición, sin ceder en su protesta, lanzar una propuesta política que logre quebrar el bloque adversario, dividirlo, lo que por lo demás, está sucediendo. Así, los espacios que sigue controlando y los afectos que le quedan, podrían voltearse a una solución política viable a la crisis, que goce de un amplio consenso y encamine al país hacia una senda de reinstitucionalización democrática y de recuperación de la economía.
Antes de que nos despeñemos hacia un caos incierto, hagamos ese último esfuerzo.
EMILIO NOUEL V.


miércoles, 10 de mayo de 2017

FARSANTES, DELINCUENTES Y TIRANOS ASESINOS


La historia de los regímenes políticos y sus ejecutorias prácticas nos ilustra acerca de los tipos de gobierno que los humanos hemos disfrutado o padecido.

Unos son buenos, otros no tanto, algunos regulares, pero también hay los detestables.

En estos últimos, sus ejecutantes logran concentrar el mayor número de iniquidades, tropelías y estropicios sociales. De estos no son pocos los que enarbolan convenientemente un discurso reivindicador de los más, de los menesterosos, como engañifa para llegar al poder.

Sin embargo, se convierten, no solo por su ideología, en gobiernos aborrecibles. Literalmente, en enemigos del género humano, aunque hablen en nombre de altos ideales.

El que padecemos los venezolanos en la actualidad, es uno de esta calaña infame. Es de los peores que pueden haberse conocido por su naturaleza destructora.

Las pruebas sobran, y su notoriedad nadie imparcial y objetivo las puede refutar.

La farsa del gobierno militar-cívico de Venezuela se patentiza a diario. Sus mentiras nadie las cree ya, ni sus acólitos. Su fementida adhesión a la democracia ha sido desnudada. Hasta los organismos internacionales a los que entregaban cifras maquilladas, al fin se han percatado del timo. Éstos no confían más en tales triquiñuelas. Una opinión es unánime, dentro y fuera del país: el gobierno es embustero y estafador.

Por otro lado, aunque no todos pueden ser metidos en el mismo saco y con igual responsabilidad, nunca antes en la historia de nuestro país se había llegado a los extremos de corrupción política y administrativa como en los últimos 18 años. Nunca en el pasado, altos funcionarios de gobierno fueron acusados de pertenecer a mafias del narcotráfico y otros delitos. El asco se ha instalado en la Venezuela decente ante tanta degradación moral y política.

Y como colofón de todo este oprobio, somos víctimas también de unos gobernantes tiranos, salvajes, que no respetan libertades ni Ley. Su principio de gobierno es la arbitrariedad, su modus operandi, el atropello; su fuerza, la bruta, más allá de las supuestas ideologías que los inspiran, señuelos para engañar incautos. Un gobierno militar y militarista se está mostrando en toda su desvergüenza llevándose por delante el principio del debido proceso al someter a civiles que protestan de manera pacífica, a la justicia militar, infringiendo así, sin pudor alguno, la Constitución.   

Su apetito desmedido por el poder y el dinero, los presenta ante el mundo como lo que realmente son: forajidos de la política. El respeto al Estado de derecho o a los derechos humanos no está en sus planes. Su respuesta a las demandas de democracia y libertad es el encarcelamiento y el asesinato de jóvenes.

Sean militares o no, carecen de rectos principios morales, no tienen palabra, ni honor, ni vergüenza. Poco les importa como queden frente a la historia, su familia o ante el país.   

Afortunadamente, la mayoría aplastante de los ciudadanos decentes, y muchos militares también, no soportan tanta inmundicia y pillaje de los dineros públicos, tal estado de arbitrariedad y violación a los derechos humanos, tanto descrédito internacional. 

La reconstrucción político-institucional y moral de la nación, cuyo inicio cada día se acerca más, precisará de todos los venezolanos de bien, que hoy repudian resueltamente a unos gobernantes farsantes, delincuentes y tiranos, la combinación política más tóxica que puede haber. A ellos les llegó la hora de la partida y de la Justicia.  
 

Emilio Nouel V.



@ENouelV

miércoles, 3 de mayo de 2017

SALIDA DE LA OEA, MANIOBRA CONTRARIA A LOS INTERESES DE VENEZUELA



El principio jurídico-formal es que todo país puede retirarse de una institución internacional a la que pertenezca, cumpliendo con las solemnidades y requisitos establecidos en el tratado suscrito.
De la misma forma como ingresó, también podrá manifestar su voluntad de separarse,  y de esto se encargan los que representan el país, es decir, el Gobierno.
La Convención de Viena, por ejemplo, en su Parte V, 42.2 establece que “La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado…..”, lo cual “no menoscabará en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado….”.

En general, el poder ejecutivo del país de que se trate, constitucionalmente, es el encargado de hacer la denuncia del tratado por los canales diplomáticos correspondientes. También es quien tiene la facultad exclusiva para tomar esta decisión, independientemente de otros poderes del Estado. Es decir, que no precisa de  la anuencia, de un voto favorable, por ejemplo, del Parlamento. Sin embargo, en los países democráticos, decisiones de esta naturaleza son llevadas a los parlamentos o sometidas a referendos, no son tomadas de forma unilateral por los gobiernos. Se busca así lograr el mayor consenso posible entre los ciudadanos.   
De modo que lo más conveniente es que cuando un gobierno tenga la intención de desprenderse de un compromiso internacional, debería abrir un proceso de consultas con la representación popular, toda vez que tal decisión de Estado podría tener repercusiones no solo político-diplomáticas, sino también de otra índole, incluso económicas.
Sobre todo, estas consultas se justifican con más razón, cuando se trata de un tratado de gran importancia para un país. Es contraproducente adoptar una decisión de tal envergadura desde una parcialidad del Estado o por un partido político. No sería una acción del Estado como un todo, sino de un solo sector político, lo cual debilita la iniciativa, le resta legitimidad al no contar con una amplia opinión del país. Ejemplo reciente lo tenemos en el llamado Brexit en el Reino Unido.
El gobierno actual de Venezuela ha iniciado el proceso de retiro de nuestro país de la Organización de Estados Americanos, de la cual somos fundadores en 1948. En los últimos años el gobierno ha denunciado varios tratados: Comunidad Andina, Grupo de los Tres, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).  En ninguno de estos casos, buscó compartir la decisión con otro actor nacional.  

A mi juicio, el retiro de la OEA es un exabrupto político y diplomático descomunal, que ni siquiera los tiranos más repugnantes de la región fueron capaces de realizar. No solo el país se verá perjudicado; los mismos irresponsables que lo perpetran serán también afectados. Si ya el gobierno está aislado, en lo sucesivo lo será más.  

La decisión es una consecuencia lógica de una forma de pensar frente a los compromisos internacionales. Es lo que Chávez, en consonancia con el Foro de Sao Paulo, buscaba, al enfrentar “la influencia nefasta de los organismos internacionales”, todo con base “en  nuestros propios criterios y conceptos de soberanía.” Ésas fueron textualmente sus palabras (Declaración de Hugo Chávez en visita a Manaos, Brasil, Octubre de 2004). En algún momento se preguntó para qué la OEA y planteó la posibilidad de retirarse de ella. De allí que el inefable Roy Chaderton declare que ahora Venezuela “es más libre” porque inicia la salida de ese organismo.

Tal actitud es el resultado de una visión trasnochada sobre la soberanía, un concepto anacrónico que en el mundo de hoy no tiene más asidero en la realidad, ni en la política ni en la economía, y, particularmente, en el tema de los derechos humanos.  

Chavez prefería la “ley de la jungla”, sin organismos y normas internacionales que puedan servir de freno a los abusos eventuales de posiciones de dominio de los actores más poderosos o de los gobernantes que violen DDHH. Así, tal noción soberanista se convierte en una suerte de burladero para no responder de las arbitrariedades cometidas al interior de los países.
Obviamente, el gobierno chavista, mientras no se sintiera agredido, en minoría o acorralado, como sí lo es hoy, se mantuvo en el marco de la institucionalidad existente, aunque no creyera en ella. La utilizaba solo cuando conviniera a sus intereses.   

Por otro lado, y en relación con la supuesta inconstitucionalidad del retiro de la OEA alegada por ciertas opiniones, valdría la pena hacer algunos comentarios. 

Ciertamente, en el marco de esa organización nuestro país ha suscrito varios instrumentos jurídicos relativos a la democracia y los derechos humanos, que han pasado a ser normas de obligatorio cumplimiento, so pena de sanciones por no acatarlos.   

La Constitución Nacional es clara respecto de esos deberes, éstos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (artículo 23 CN).   

Pero que esa referencia constitucional a los DDHH y su progresividad, contenidos en los tratados internacionales, no tenga, a nuestro juicio, discusión, no significa que se desprendería de allí que el pertenecer a la OEA sea una suerte de derecho humano irrenunciable, y por tanto, salirse de la OEA es, en consecuencia, inconstitucional. Son dos asuntos distintos. Seguirán vigentes en el país los DDHH adquiridos como consecuencia de haber pertenecido a esa institución, independientemente de ser miembro o no de ella.  Tales derechos no existen porque se esté en la OEA, ellos se mantienen en vigor al margen de ella. Por supuesto, los mecanismos procedimentales que se establecen en su seno, al desvincularse el país, no operarían, pero hay otros derivados de otros tratados vigentes (Corte Penal Internacional, por ejemplo).

Igualmente, la opinión de que al aprobarse un tratado por el parlamento (Asamblea), como está establecido en nuestra Constitución, su denuncia debería también contar con la aprobación de aquel por ser ley de la República, tampoco tiene sustento desde el punto de vista jurídico. Una vez que ha sido aprobado el tratado, la atribución parlamentaria se agota allí, y el poder ejecutivo, en virtud de su atribución de dirigir las relaciones exteriores (art. 236, num. 4), puede negociar, suscribir, ratificar o denunciar cualquier tratado.
Estando dicho que iniciar la salida de Venezuela de la OEA es un insólito desatino que dañará a nuestro país y al mismo gobierno, y señalado, asimismo, que por tratarse de una organización tan importante como la OEA, la Asamblea Nacional debería ser consultada formalmente sobre ese asunto, a los efectos de acordar una política de Estado, no queda otra que rechazar tal decisión por contraria a los intereses de los venezolanos.  
Afortunadamente, el proceso de la separación definitiva durará dos años, y albergamos la esperanza de que no se concrete nunca. Por el bien de los venezolanos.
EMILIO NOUEL V.

jueves, 20 de abril de 2017


FALTA MENOS

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Comparar las dos concentraciones que tuvieron lugar el 19 de Abril es una tarea fácil que nos indica cómo está nuestro ambiente político y a quien realmente las  mayorías respaldan.
¿3 millones de personas en la Avenida Bolívar? Permítame carcajearme, señor Maduro. No se puede ser más farsante y embustero. Las  gráficas ciertas y confiables lo reseñaron ampliamente. No habrían más de 20 mil personas, si acaso, en la concentración organizada por el gobierno, a la que por cierto, llevaron nariceados a todos los empleados públicos del país, bajo la amenaza de ser despedidos.  
Pero la imposición les resultó infructuosa, miles se resistieron a hacerlo, y los que vinieron, en su mayoría, maldecían entre dientes a los déspotas que nos gobiernan.
Entre 20 y 50 mil bolívares fueron los viáticos que entregaron a cada persona, y algunos recibieron botellas de bebidas espirituosas. Miles de autobuses fueron contratados, y sin embargo, fue desastroso el resultado como movilización. Ya quedaron atrás los días en que acarreaban a la gente sin necesidad de estímulos en metálico o porque los consideraban sus líderes. La bolsa pública para despilfarrar y regalar se les vació, y ahora no los quieren ver ni en pintura por el hambre que han provocado.
El mundo entero pudo observar cómo el gobierno ni con todo el dinero del mundo puede movilizar a “su gente”. Perdió credibilidad, apoyo y legitimidad ante la población. Sus mentiras ya no son creídas, sus montajes mediáticos nadie se los traga, ni siquiera los que aún sienten alguna simpatía por el gobierno.
En cambio, la movilización de la oposición democrática fue grandiosa, pacífica, nunca vista en  nuestra historia política. La dirigencia política, los partidos y las organizaciones  de la sociedad civil demostraron su capacidad organizativa, su fuerza social y su liderazgo.  Probaron que su legitimidad democrática es real y que tienen audiencia en nuestra población.
Porque unas manifestaciones como las del 19 y 20 de abril responden a una implantación de un liderazgo que con sus defectos y errores tiene amplio respaldo popular. Unas demostraciones como ésas no son producto de la magia, de la improvisación o de la mera espontaneidad. Es también de un trabajo que muchas veces no es reconocido, o porque se desconoce o porque hay algún interés antipolítico detrás que busca restarles importancia, todo en un entorno en el que los medios mayormente controlados por el gobierno o neutralizados por éste, no reflejan las iniciativas de muchos líderes políticos y sociales que a la chita callando laboran junto a las comunidades luchando por sus necesidades más sentidas.
Estamos viviendo momentos muy difíciles, complejos e inciertos.
Tenemos enfrente a un gobierno que en su locura pareciera pretender que el país se hunda con él. No le importa las penurias y el dolor que sufre la población. Solo quieren mantenerse en el poder para seguir haciendo de las suyas, a su antojo.
De allí que arremeta con saña y perversidad contra quienes se oponen a él.
Esta semana presenciamos hasta dónde es capaz de llegar, violando los derechos humanos de los opositores que protestan contra un gobierno dictatorial y desastroso. Esta dispuesto a todo, y ya ha dado muestras de los más grandes horrores. Las amenazas, veladas o abiertas, a las personas que ejerciendo sus derechos constitucionales han salido a las calles a protestar, están a  la orden del día. Se les acusa de traidores a la patria e intimida, y hasta se asoma que podrían acabar con sus vidas.
Los venezolanos estamos siendo gobernados por unos verdaderos desquiciados que han desfalcado las arcas públicas y destruido instituciones que fueron levantadas con mucho esfuerzo por los venezolanos durante varias décadas. Y no solo eso, la moral de nuestra sociedad la han degradado.
Pero las principales víctimas han sido la democracia y la libertad.
No obstante, pareciera que el proceso de recuperación democrática se ha comenzado a acelerar y ello es motivo para sentirse optimista. Aun falta camino por recorrer, el cual se acortará en la medida que todos los demócratas unidos empujemos hacia el mismo objetivo.
Ya falta menos, los últimos y auspiciosos eventos están anunciándolo.  

EMILIO NOUEL V.


jueves, 6 de abril de 2017

DOS RESOLUCIONES INTERNACIONALES CONTRA LA TIRANÌA DE MADURO

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La crisis venezolana pica y se extiende. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Pasan las horas y días ofreciéndonos sin solución de continuidad nuevos eventos que nos impiden valorar y asimilar suficientemente  los previos.
Vivimos tiempos movidos. Es lo que nos ha tocado a los venezolanos de esta época angustiosa e incierta.
Un gobierno cada vez más aislado y desacreditado en el mundo, se hunde en sus torpezas diplomáticas, negándose a rectificar el rumbo enloquecido que lleva y a negociar una salida al grave atolladero político-económico en que estamos.
Mientras el gobierno y sus bandas paramilitares desatan una represión feroz contra los opositores, desde dos instituciones internacionales hemisféricas nos llegan dos  decisiones sobre nuestro país. Ambas no han podido mantenerse indiferentes a nuestra tragedia, que se agrava con el pasar de los días.
Mercosur, bloque comercial al que accedimos hace pocos años, ha emitido, con base en su ordenamiento jurídico, un acto en el que califica de “ruptura del orden democrático” lo que ha tenido lugar en nuestro país.
Por otro lado, insta al gobierno a “adoptar inmediatamente medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo a la Constitución (…) para asegurar la separación de poderes, el respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos, y a las instituciones democráticas". También exige a Maduro respetar el cronograma electoral.
La “ruptura del orden democrático” es un concepto contenido en los Protocolos de Ushuaia de Mercosur.
El artículo 1 establece que éste se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos.
Por su parte el artículo 3 dispone que los Presidentes o, en su defecto, los Ministros de Relaciones Exteriores promoverán, a través de la Presidencia Pro Tempore, consultas inmediatas con las autoridades constitucionales de la Parte afectada, interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado.
De modo que a partir de esta decisión está siendo aplicada la Cláusula democrática mercosuriana a Venezuela.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una resolución en la que se expresa que en nuestro país se ha producido una  grave alteración inconstitucional del orden democrático”, que las decisiones del Tribunal Supremo de suspender los poderes de la Asamblea Nacional son incompatibles con las prácticas democráticas y constituye una violación del orden constitucional de la República, y que es esencial que el gobierno venezolano asegure la plena restauración del orden democrático.
En atención a ello la OEA urge a aquel a garantizar la separación e independencia de los poderes y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, manteniéndose dispuesta a apoyar las medidas de retorno al orden democrático y emprender gestiones diplomáticas para normalizar la institucionalidad de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana (CDI). Se ratifica así la aplicación de esta última.
De los textos mencionados, queda claro que para los países más importantes del hemisferio, los  que representan el 95% de su población, en Venezuela la democracia ha sido quebrada o alterada gravemente, lo cual podría traer como consecuencia una sanción, de no entrar en razón el gobierno de nuestro país.
En Venezuela está instaurada una dictadura. No existe separación ni autonomía de los poderes públicos, Miraflores con excepción del parlamento, lo controla todo. Se persigue y encarcela a la oposición, sin formula de juicio. La farsa para tratar de demostrar lo contrario ante el mundo está descubierta, nadie se come ese cuento chino. Los magistrados del Tribunal supremo son fichas del gobierno, su prolongación obsecuente.
Por fortuna, la institucionalidad internacional y su normativa están actuando, La causa de la libertad en Venezuela se está imponiendo.   

jueves, 30 de marzo de 2017

PODERES DICTATORIALES

Esta semana ha sido intensa en los espacios institucionales hemisféricos, y en particular, para Venezuela.

Nuestro país ha estado en el ojo del huracán. Su enorme crisis sigue dando de qué hablar. 
Una mayoría determinante en la OEA, la de los gobiernos que representan alrededor del 95% de la población del continente, decidió tomar al toro por los cachos, al asumir una posición clara sobre la situación que estamos viviendo, con vistas a adoptar medidas que presionen al gobierno venezolano para que permita elecciones democráticas, libere los presos políticos y respete la representación popular del parlamento y sus atribuciones constitucionales.
Sin embargo, en el plano nacional acaba de ocurrir un acontecimiento de suma  gravedad que viene a justificar con mayor fuerza la especial atención de  los países que integran aquel organismo internacional.

El Tribunal Supremo, apéndice sumiso del poder ejecutivo, como todos sabemos, emitió una decisión en el marco de un procedimiento, mediante la cual “ordena” al gobierno un conjunto de acciones o medidas, todas constitutivas de una suerte de carta blanca para hacer lo que le venga en gana, en todas las materias de la competencia del poder nacional, particularmente, en el campo legal nacional e internacional.

En concreto, se ordena al Ejecutivo nacional a que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como  también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar (…) todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”

Dicho en pocas palabras, al estilo nazi de comienzos de los años treinta del siglo XX, el TSJ otorga al presidente, a contravía del derecho, unas potestades  cara a un supuesto de estado de conmoción que solo existe en la mente retorcida del gobierno. Debo recordar que a Adolfo Hitler, en 1933, le otorgaron, a través de una ley habilitante, poderes similares, y ya sabemos a qué condujo tal proceder.

Si no había pruebas suficientes de que en Venezuela vivimos bajo una dictadura con apariencia de democracia, desde hace algunos años, ésta “bendición” o fundamentación “jurídica” del TSJ, lo confirma sin ninguna duda.

No es, por supuesto, la primera sentencia emitida por esa instancia jurisdiccional en la que se salta sin ningún pudor el ordenamiento constitucional vigente.

Ha sido una conducta reiterada y sistemática.  

En esta ocasión dan otra vuelta de tuerca, y de manera desembozada y sin miramientos formales, el  TSJ cooptado muestra su esencia real, su entrega al poder autoritario, evidenciando que no goza de autonomía e independencia algunas.

Con esa medida el gobierno pretende hacer creer al país y al mundo que está sometido a los dictados del derecho. Que solo obedece a los tribunales de la República.

Jugada ésta inútil, porque ya es vox populi, dentro y fuera del país, que la realidad es otra. Que en Venezuela la separación de los poderes públicos fue borrada en los hechos, y ahora, con la sentencia comentada, de manera formal.

La democracia venezolana viene siendo desnaturalizada, vaciada de sus contenidos sustanciales, desde hace más de una década.

Un fascismo de nuevo cuño militar-cívico ha ido avanzando progresivamente a través de instituciones nacionales levantadas durante varias décadas, demoliéndolas, con el propósito de instaurar un nuevo orden que no han podido consolidar, pero generando un enorme perjuicio a la sociedad a ojos vista. Un caos del que será difícil y costoso salir.

Con la decisión del TSJ comentada, a la OEA se le ha puesto en bandeja de plata la oportunidad de tomar la medida que corresponde, de conformidad con su ordenamiento jurídico vinculante para todos sus miembros.

Ahora, la condición de dictadura del chavismo no puede ser más evidente. Los poderes dictatoriales están claramente establecidos en aquel documento oficial. El que tenga ojos que vea. 

EMILIO NOUEL V.