domingo, 14 de diciembre de 2014

LAS SANCIONES DE EEUU A LA CÚPULA CHAVISTA


Está claro que la ley acordada por el Congreso estadounidense apunta a un grupo de la nomenklatura autoritaria que gobierna a nuestro país, que a juicio de los parlamentarios norteamericanos está envuelta en flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.
Era esperable que la reacción de la cúpula chavista fuera la de proyectar hacia todo el país la idea de que es éste el sancionado, cuando no es así. Con tal discurso se busca lo de siempre, cerrar filas a lo interno de cara a un supuesto enemigo foráneo.
Este objetivo, en alguna medida, pero cada vez menos, lo logra en aquella parte de la ciudadanía más sencilla y menos informada. De allí la importancia que cobra el que la oposición democrática haga un esfuerzo mayor para explicar al pueblo de qué se trata el asunto y no sea manipulado.
Lo primero que debe decirse es que el Congreso de EEUU está en su derecho de legislar en su territorio acerca de los temas que considere conveniente. Al igual que lo puede hacer la Asamblea Nacional de Venezuela. Los parlamentos regulan las más variadas materias, y estas normativas tendrán aplicación y alcance nacional. Así, todo aquel individuo o bien que esté bajo esa jurisdicción sería afectado si se ajusta a los presupuestos de la ley.
El Congreso estadounidense, después de los “afeites” al proyecto inicial, aprobó una ley que establece que el presidente Obama podrá imponer sanciones a cualquier persona extranjera que él determine, incluidos funcionarios o ex funcionarios del gobierno de Venezuela, o que hayan actuado en nombre de este último, en virtud de la comisión de actos violentos o serios abusos contra los derechos humanos durante las protestas escenificadas en Venezuela en el año 2014
Podrá sancionar a las personas que hayan ordenado o dirigido el arresto a personas que ejercieron su legítimo derecho de expresión o de reunión, o que  hayan asistido, patrocinado o proveído significativo apoyo financiero, material o tecnológico, para tales actos.
Las penas contempladas son de dos tipos: a) bloqueo de activos y prohibición de todo tipo de transacciones y b) exclusión de EEUU o pérdida de la visa u otros documentos.
La ley remite a otras leyes vigentes y establece también ciertas excepciones, como por ejemplo, los casos en que el Presidente podría suspender sus efectos cuando esté envuelto el interés nacional de EEUU o en ciertos casos de importación de bienes. (¿petróleo, por ejemplo?)
La Ley, entre otros asuntos,  reafirma en su texto que es política de aquel país apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones de vivir en paz y en democracia representativa, tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana,  y trabajar mancomunadamente con otros miembros de la OEA, así como de la Unión Europea, en asegurar una solución pacífica de la actual situación venezolana y el cese de la violencia contra manifestantes opositores.
Muchas interpretaciones exageradas han salido por ahí que no se corresponden con el alcance de la ley.
Sobre su contenido y motivaciones reales y/o aparentes, hay comentarios varios. Particularmente, en relación con la conveniencia o no para la oposición democrática venezolana, y sus efectos, habida cuenta de la experiencia con iniciativas parecidas.
Es lícito entonces preguntarse si tal instrumento legislativo ayudará o no a salir del atolladero crítico en que está nuestro país, más allá de sus buenas intenciones, las cuales, para algunos, tienen más que ver con la política interna norteamericana.
Como venezolano uno agradece con sinceridad la preocupación de los parlamentarios norteamericanos acerca del destino de nuestra democracia en decadencia y la persecución y cárcel de políticos venezolanos. Y nada tenemos que objetar a eventuales sanciones que se apliquen en su territorio contra violadores de los derechos humanos.  Están en su pleno derecho soberano de hacerlo.
Sin embargo, se debe comprender que visto desde Venezuela el asunto es mucho más complejo que la aplicación de esas sanciones merecidas, aunque es probable que no perjudiquen a los que ya pusieron a buen resguardo sus activos mal habidos, transfiriéndolos a otras jurisdicciones o a testaferros.   
Queda ahora a Obama refrendar la ley y determinar a quiénes concretamente castigará, tarea que no luce sencilla. Listas van y vienen por las redes sociales, incluyendo a algunos que no podría alcanzar la ley, por no estar entre los sujetos sancionables. En esto los wishful thinkings abundan.
¿Esta ley con efectos en EEUU nos ayudará? ¿En qué medida?
Que el lector juzgue y no se equivoque en la apreciación de las consecuencias que puede producir esa ley.
Los problemas del país son en extremo graves y demandan diálogo y acuerdos de los venezolanos. Los que gobiernan no muestran capacidades ni deseos de solucionarlos. Mucho menos disposición para llamar a todas las fuerzas políticas y económicas del país en función de salir de la crisis actual y del desastre que se nos viene encima.
Sólo lo que hagamos aquí, más allá de las sanciones que acuerden otros países, determinará el camino a seguir. Y es la unidad de las fuerzas democráticas la que garantizará el triunfo.  

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV 

viernes, 12 de diciembre de 2014

ENTREVISTA A MARTA NUSSBAUM: 

"Hay que cultivar un amor por el disenso"


PABLO MAURETTE

LA NACIÓN

CHICAGO.- Martha Nussbaum (Nueva York, 1947) es una de las filósofas contemporáneas más influyentes del mundo. Ha publicado una enorme cantidad de libros y artículos sobre filosofía antigua, ética, filosofía política y del derecho, feminismo y justicia social. Entre sus obras más importantes se cuentan La fragilidad del bien (1995), La terapia del deseo (2003), Las fronteras de la justicia (2007) y El cultivo de la humanidad (2012). Nussbaum es profesora de Derecho y de Ética en la Universidad de Chicago. En 2012 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales.
Desde la ventana de su oficina en el quinto piso de la Facultad de Derecho, Martha Nussbaum tiene una vista privilegiada de Hyde Park, el elegante barrio de casas bajas donde se encuentra la Universidad de Chicago. Del otro lado del Midway Plaisance, una ancha avenida ajardinada que separa la parte antigua de la parte moderna del campus, se ven los edificios gótico-victorianos por donde pasaron, en calidad de alumnos o docentes, Carl Sagan y Edwin Hubble, Leela Ghandi y Barack Obama, Milton Friedman y Eugene Fama, Leo Strauss, Hannah Arendt, Bertrand Russell, Rudolf Carnap y Paul Ricoeur, T. S. Eliot, Saul Bellow, Kurt Vonnegut y Philip Roth. Si uno estira el cuello puede incluso ver el sitio donde, el 2 de diciembre de 1942, Enrico Fermi logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear, uno de los pilares del Proyecto Manhattan. Pero todo esto está al norte, del otro lado del Midway, en la zona más tradicional y más opulenta del barrio. La Facultad de Derecho, como otros edificios modernos del campus, fue construida en la vereda sur del Midway, una zona históricamente marginal y bastante peligrosa. A Martha Nussbaum le gusta estar del lado sur, a pesar de que una tarde de invierno de hace años fue víctima de un asalto al cruzar la avenida. Es que para Nussbaum el Midway Plaisance, con su rica historia, representa uno de los proyectos más exitosos de integración urbana en Chicago, una ciudad profundamente dividida tanto social como racialmente. Durante la Exposición Universal de 1893 -esa "celebración de la codicia y el egoísmo sin límites", según Nussbaum-, cuando Chicago le dio la bienvenida al mundo desde la Ciudad Blanca, un complejo de edificios neoclásicos de estuco erigidos a orillas del lago Michigan, la Midway Plaisance cumplió un rol profundamente simbólico. Mientras que en la Ciudad Blanca se festejaba la industria, la innovación y el lujo de un país que ya era más rico y poderoso que Europa, en el Midway se instaló la primera vuelta al mundo (Ferris Wheel) y el Show del Salvaje Oeste de Buffalo Bill. Así, al mismo tiempo que en la Ciudad Blanca se emulaba a Europa, en el Midway se celebraba un carnaval autóctono. Los casi treinta millones de visitantes de cientos de nacionalidades y de todas las clases sociales que tuvo la exposición a lo largo de cinco meses repartían su tiempo entre ambas atracciones. Huelga decir que los espectáculos populares del Midway fueron los más exitosos y redituables. Y mientras que de la Ciudad Blanca no quedó más que un edificio apenas interesante (que alberga hoy el Museo de la Ciencia y de la Industria), el legado del Midway fue una invención que se encuentra hasta el día de hoy en ferias de pueblos y ciudades de todo el planeta: la vuelta al mundo.
Para Martha Nussbaum, quien en su nuevo libro le dedica más de una página a la ciudad de Chicago, el Midway, al igual que el Parque del Milenio, constituyen ejemplos de cómo un Estado democrático puede fomentar la integración social y cultural sin recurrir ni a la coerción ni al adoctrinamiento. Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la justicia? (Paidós, 2014), puede leerse, como dijo Alan Ryan, como una larga "serie de notas a pie de página" a Teoría de la justicia de John Rawls. La misma Nussbaum admite sin pruritos la enorme deuda con la obra de Rawls, a la que considera el aporte más importante a la filosofía política en el siglo XX. Pero, allí donde Rawls opera con nociones abstractas, ideales, hipotéticas, Nussbaum hace trabajo de campo e intenta mostrar con ejemplos concretos cómo el Estado puede y debe involucrar las emociones de los ciudadanos (en particular el amor) en pos de un proyecto social más inclusivo, más igualitario y más justo.
-Emociones políticas trata sobre lo que usted llama el "cultivo de emociones públicas." ¿Cómo hace un Estado para cultivar y fomentar emociones sin caer en el adoctrinamiento o la coerción?
-Ésa es la gran pregunta, claro, porque las emociones pueden ser utilizadas por Estados fascistas o represores para sus propios fines. Lo que me interesaba a mí era instar a los progresistas, que creen en la libertad de expresión, a pensar esta idea del cultivo de emociones. Lo fundamental es centrarse en objetivos políticos y dejar grandes espacios para que la gente explore sus propios intereses. Por ejemplo, no puedo imaginar un Estado progresista que cultive emociones religiosas; eso es algo que debería quedar restringido a la cosmovisión personal de cada individuo. Pero para perseguir objetivos políticos hay que pensar en las libertades individuales y eso se hace de varias maneras. En primer lugar, no sólo no se castiga el disenso, sino que además se deja en claro que el disenso es una parte valiosa de la política. Acá antes se mandaba preso a quien se negaba a saludar a la bandera, eso es terrible. Hay que cultivar un amor por el disenso. Hacer que los chicos lean Matar un ruiseñor es una forma de celebrar el valor del disenso; en India la canción favorita de Ghandi era una canción sobre el disenso solitario. Un país libre necesita de gente que se anime a expresar descontento frente al dolor y la adversidad. Hay maneras de promover esto. Me gustan particularmente ciertas esculturas y monumentos en espacios públicos ante los cuales la gente se siente invitada a experimentar algo de manera personal, pero en un contexto comunal. Si uno va al Monumento a los Caídos en Vietnam en la ciudad de Washington, encuentra que ha sido diseñado especialmente para despertar cierta autoconciencia respecto de distintas posturas porque, por empezar, uno ve reflejada su cara en el muro de granito. Al leer los nombres de los muertos puede reflexionar sobre el belicismo en general, o rescatar el valor de los soldados o buscar el nombre de algún conocido. Lo importante es que mientras uno recorre el monumento ve a otra gente recorriéndolo, llorando por sus parientes muertos o buscando el nombre de alguien en especial; y esto inicia un diálogo: ¿qué es la guerra?, ¿por qué habría de ir a la guerra un Estado democrático? Son espacios así, reservados para la conciencia personal, la reflexión, la empatía y el disenso, los que impiden que el cultivo de emociones se transforme en adoctrinamiento, me parece.
-En un momento del libro habla de "crear" emociones más que cultivarlas. Casi como si estas emociones positivas tuvieran que ser artificialmente inculcadas en el ser humano. ¿Cuán resistente es la naturaleza humana (que usted define como egoísta, estrecha, discriminadora) al cultivo de emociones positivas, de amor y respeto por el otro?
"Las cuestiones de género siguen siendo muy complicadas, pero toda feminista debe ser optimista"
-Estas emociones están en nosotros, pero tendemos muchas veces a pasarlas por alto. Con tratar de fomentar la compasión no alcanza; por eso hablo de amor, una emoción primordial en todo ser humano. Cuando somos chicos podemos expresar mucho amor por padres y hermanos, pero no amamos a los desconocidos, le tenemos miedo a la gente distinta, etcétera. El amor es un sentimiento muy provinciano, por decirlo de alguna manera, y hay que desarrollarlo, expandirlo. Necesitamos construir puentes entre nuestros intereses particulares y un amor más inclusivo. Pero hay que tener cuidado. Aquí es cuando pienso en los grandes festivales de tragedia en la antigua Atenas: ¿cómo hacían para tomar una emoción tan acotada y particular, y lograr que uno sintiera compasión por un absoluto desconocido? ¿Cómo podemos nosotros lograr eso? Mi libro es, en gran parte, un intento de respuesta a esta pregunta. Y hablo de amor porque compasión se queda corto. Yo creo que el amor por ciertos ideales políticos debe ser una emoción cálida más que un mero objetivo. Debe poder inspirarnos a actuar de maneras que nos lleven a trascender nuestro interés propio, debe ser una emoción fuerte. Cuando somos chicos no tenemos esas emociones fuertes que nos permiten salir de nosotros mismos. El amor de la infancia es particularista. La política debe de alguna manera construir puentes entre estos amores particulares, mezquinos acaso, y el amor por un bien común. Martin Luther King, que era un genio del corazón, entendía que para que la gente luchase por un futuro mejor era necesario que relacionase este objetivo con algo muy particular y emotivo, algo personal. Entonces hablaba de las ondulantes colinas de Allegheny en Pensilvania, las pendientes curvilíneas de California, todo bastante erótico, la verdad; y lo hacía para tocar la imaginación particular, el orgullo regionalista de cada persona.
-El amor a la patria es uno de los grandes temas de su libro. En América Latina, por ejemplo, el patriotismo es una bandera tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Por qué cree que el patriotismo es una emoción tan resistida por la izquierda y el progresismo en Europa y Norteamérica?
-El país donde he encontrado que la gente se opone más a mi interés por el patriotismo es, previsiblemente, Alemania. Es muy difícil vivir con la conciencia de que el país de uno hizo algo tan pero tan malo en pos de valores patrióticos. Los alemanes lidian con esto, por ejemplo, ocupándose de la parte "comercial" del patriotismo y dejando de lado la parte emocional; y la autocrítica que hacen, sobre todo la gente más educada, suele ser despiadada. Pero éste es un caso extremo. Todo conjunto de objetivos que lleve adelante la construcción de una sociedad está ligado con emociones, y no se puede abandonar la esfera emocional sólo porque en el pasado nos metió en problemas. Lo importante es disponer de buenos principios y éstos no vienen de las emociones sino que deben fundarse sobre ideas y argumentos filosóficos. Pero una vez que disponemos de estos principios en la constitución y en las leyes, es preciso pensar en cómo cultivamos el amor por la patria de manera edificante, inclusiva y justa. Creo que Europa ha descuidado este aspecto, y me atrevo a decir que a eso se deben, en parte, estas nuevas y muy desagradables versiones del nacionalismo que estamos viendo surgir en Grecia y otros sitios. La gente necesita esta sensación de pertenencia y, si el Estado no se la da, buscará llenar ese vacío en otra parte. La Unión Europea ha puesto toda su energía en la economía y ha dejado de lado el aspecto emocional de la política.
-Su proyecto parte de lo que usted llama una "desafortunada realidad": la gente es proclive a la discriminación y a la avaricia, y es reacia a participar de proyectos en pos del bien común que exijan sacrificios. ¿Es optimista respecto de la posibilidad de que estas emociones positivas prevalezcan por sobre esos instintos negativos?
"Naciones Unidas, una institución bastante anodina, no ha explotado el recurso de las emociones"
-Bueno, claro, mi libro empieza con el positivismo optimista del siglo XIX, con gente que creía que la humanidad lograría superar todas sus miserias en pos de un bien común de progreso global. Creo que gente como Mill y Comte descuidaron los costados más oscuros de la naturaleza humana. No sólo tenemos tendencia al egoísmo y a la avaricia, sino que también tenemos una tendencia a sentir asco por nuestro propio cuerpo y proyectar ese asco hacia los otros. Es imprescindible pensar estas cuestiones y enfrentarlas porque, si no, van a volver a causar problemas serios y, posiblemente, tragedias como lo han hecho tantas veces en el pasado. ¿Cuán optimista soy? Bueno, los dos países de los que hablo en este libro (Estados Unidos e India) a veces me llenan de optimismo y otras todo lo contrario. India en este momento me tiene muy preocupada porque hay un nacionalismo feo que está en ascenso y que utiliza la retórica del asco para conseguir lo que se propone. Estados Unidos tiene aún problemas gravísimos (la pobreza, sobre todo), pero en otros aspectos muy complejos creo que estamos progresando. Piense en el matrimonio igualitario, por ejemplo. La Corte Suprema acaba de dictaminar que la gente del mismo sexo se puede casar en cinco estados más. Mi colega Richard Posner aquí tuvo mucho que ver con este dictamen, o sea que la Universidad de Chicago jugó un papel importante en este tema, lo cual me llena de orgullo. Las cuestiones de género siguen siendo muy complicadas, pero toda feminista debe ser optimista: hace cien años las mujeres sólo podían votar en un par de países y hoy pueden hacerlo en todos (salvo Arabia Saudita y esperemos que eso cambie el año que viene). Kant decía sobre la Revolución Francesa que, aún si termina siendo un fracaso absoluto, el hecho mismo de que se haya logrado expresar a nivel masivo la idea de que el feudalismo está mal es en sí un avance. De modo que hay razones para ser optimista. Pero dada mi visión de la naturaleza humana, tengo que concluir que esto es una batalla constante y hay que estar atento siempre a la manifestación de estas emociones perniciosas.
-La religión es otro de los temas sobre los que vuelve una y otra vez en el libro: la posibilidad de una religión laica, la cuestión de cómo llenar el vacío que dejó la fuga de los valores religiosos al ámbito de lo privado en un mundo secular. ¿Ha pensado sobre el conflicto con el radicalismo islámico, un problema que afecta a muchos países, incluidos Estados Unidos e India, en términos de emociones políticas?
-En un libro que publiqué en 2007, La nueva intolerancia religiosa, hablo de eso en relación con Europa y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una larga tradición de respeto y tolerancia del espacio personal de cada persona en lo que concierne a la religión. Esto incluye permitir que cada grupo se vista como quiera, por ejemplo. Los cuáqueros usaban sombreros altísimos y no se los quitaban cuando entraban en un tribunal, los judíos se vestían y se visten a su manera y nunca se intentó asimilar a todos al mismo estilo de vida. Mientras que en Europa no. En parte porque LA NACION ha sido definida en términos étnico-culturales más que políticos. Y entonces producen estos argumentos ridículos e hipócritas acerca de por qué es necesario prohibir la burka. "Hace de la mujer un objeto", dicen. ¿Y la pornografía no, acaso? O señalan que es por razones de seguridad; sin embargo, en muchos de esos países en invierno la gente debe salir a la calle toda cubierta por el frío y nadie lo toma como una amenaza contra la seguridad nacional. La ley francesa que prohíbe la burka es muy graciosa porque incluye una lista larguísima de excepciones, casos en que uno sí puede cubrirse la cara: se pueden cubrir la cara los atletas, los médicos (con el barbijo) y dentistas, y también se puede uno cubrir la cara en razón de "manifestaciones culturales", por ejemplo si tiene que ir a una fiesta de disfraces. Toda esta gente se puede cubrir la cara, pero las mujeres musulmanas no. No tiene ni pies ni cabeza. Creo que Estados Unidos hizo bien en dejar siempre en claro que la guerra no es con el islam sino con ciertos grupos radicalizados, mientras que Europa ha tomado medidas que claramente atentan contra la inclusión de los inmigrantes musulmanes.
-Me gustaría que hablara un poco de Mozart. Las bodas de Fígaro es uno de los textos que usted considera fundacionales de la posición que propone en su libro. Ha escrito sobre La clemencia de Tito y para el programa de Don Giovanni (que inauguró la actual temporada en la Ópera Lírica de Chicago) contribuyó con un texto en el que también reflexiona sobre el amor y la compasión. ¿Qué es lo que hace de Mozart un compositor tan relevante para pensar la política y la justicia hoy en día?
-Soy una gran melómana, además de ser una cantante amateur, y pasé parte de mi vida pensando y escribiendo sobre música. Mozart me interesa particularmente y un día quisiera escribir un libro sobre sus óperas. En el contexto del ocaso del ancien régime creo que a él lo obsesionaba la cuestión del trato entre los hombres y de cómo relacionarnos humanamente. Existía una jerarquía social fija y uno debía obedecer reglas y aceptar situaciones de sumisión y dominación, lo mismo sucedía entre hombres y mujeres. Él relaciona el nuevo mundo de la democracia con la emancipación de la mujer y esto en sí ya es muy interesante porque no muchos trazaban este paralelo en ese entonces. Mozart entendía muy bien las emociones femeninas y tenía muy en claro que, si no cambiaba la política de las relaciones interpersonales, nunca iban a cambiar realmente las relaciones políticas y sociales. Por eso creo que Las bodas de Fígaro es mucho más política que la obra de Beaumarchais en la que está basada, y que no presta demasiada atención a los sentimientos del corazón. Mozart entiende tan bien y siente con tanta intensidad la necesidad de salir de nosotros mismos y llegar al otro, y éste es el comienzo de todo amor político genuino. Lo mismo sucede en La clemencia de Tito cuando, hacia el final, Sexto le pide a Tito -su viejo amigo, a quien trató de matar por el amor de una mujer- que mire dentro de su corazón y lo comprenda. De eso se trata mi propio trabajo y este libro en particular, de la necesidad de realmente ver y apreciar la posición del otro y comprender sus emociones. El libro que estoy escribiendo ahora trata sobre la ira y la venganza. Antes creía que la ira justificada era algo bueno, ahora no lo veo tan así. Sin embargo, no me considero pacifista. Por ejemplo, creo que la Segunda Guerra Mundial debía suceder y es bueno que haya sucedido. La idea de Gandhi de que se podía convertir a Hitler con lisonjas y diplomacia me parece un delirio. Mandela, por ejemplo, llevó la política de no violencia hasta el límite de lo posible, pero luego tuvo que recurrir a la violencia y estuvo bien que así lo hiciese, era necesario. Lo importante es que el espíritu que anime una empresa tal sea, a la larga, un espíritu conciliador y que tenga como objetivo último la construcción de un futuro conjunto.
-Ya que menciona la Segunda Guerra Mundial quiero terminar con una pregunta sobre la posibilidad de trasladar esta idea suya de cultivar emociones públicas de la esfera nacional (que es la que le interesa a usted) a la internacional. ¿Se puede cultivar emociones positivas, amor incluso, entre países?
-Se puede, pero es mucho más difícil. Usted habrá notado que yo me centro en ciudades más que en países. Es más fácil gestionar esto en Chicago, por ejemplo, o en Nueva Delhi, porque en las ciudades la gente entra en contacto la una con la otra constantemente. Los ejemplos que doy son de parques urbanos, esculturas, monumentos, barrios, etcétera. A nivel nacional esto es mucho más difícil y en el mundo. El problema es: ¿qué cosas compartimos? Desde luego compartimos principios y para recordarnos estos principios están las organizaciones de derechos humanos. Pero francamente Naciones Unidas, una institución bastante anodina, no ha explotado el recurso de las emociones de ninguna manera que sea valiosa. La pregunta es: ¿cómo podemos compartir una cultura de sentimientos, cómo podemos participar todos de una misma manifestación cultural que involucre emociones compartidas y deje espacio para reflexionar? Quizás la música y el deporte sean formas de generar emociones positivas a nivel internacional e intercultural. Mandela, por ejemplo, tuvo una enorme influencia emocional a nivel mundial en parte gracias a su retórica, pero también por medio de la música, de la danza, y del deporte, en especial del rugby. El deporte podría ser una manera; claro que también ha sido usado en formas muy nocivas, que separan a la gente en vez de unirla, exacerbando el chauvinismo. Quizás los nuevos medios de comunicación permitan en algún momento un acercamiento global profundo, significativo, transformativo. Veremos. Ojalá

jueves, 11 de diciembre de 2014

The End of the Military-Industrial Complex


William J. Lynn III
Foreign Affairs
Nov-Dec 2014

In late 2013, Google announced that it had acquired Boston Dynamics, an engineering and robotics company best known for creating BigDog, a four-legged robot that can accompany soldiers into rough terrain. Much of the resulting hype focused on the Internet giant and when it might start making various types of robots. What was good news for Google, however, represented a major loss for the U.S. Department of Defense. Although Google agreed to honor Boston Dynamics’ existing defense commitments, including its contracts with the U.S. Army, the U.S. Navy, and the U.S. Marine Corps, the company indicated that it might not pursue any additional work for the military. In practice, this means that the Department of Defense could lose its edge in the emerging field of autonomous robotics, which once fell almost exclusively under its domain.
It came as no surprise that Google had the money to buy Boston Dynamics; the technology star’s growth potential and investments in research and development (R & D) far exceed those of any defense enterprise. Its market value, nearly $400 billion, is more than double that of General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, and Raytheon put together. And with the $60 billion it has on hand, Google could buy all the outstanding shares of any one of them.
Google may not need defense contracts, but the Pentagon needs more and better relationships with companies like Google. Only the private sector can provide the kind of cutting-edge technology that has given U.S. troops a distinct advantage for the past 70 years. And beyond courting commercial companies, the Pentagon must also adapt to an increasingly global defense industry, since critical defense technologies are no longer the sole province of U.S.-based companies.
Consider, for example, the F-35 Joint Strike Fighter, an aircraft developed, financed, and tested by nine countries: Australia, Canada, Denmark, Italy, the Netherlands, Norway, Turkey, the United Kingdom, and the United States. Like Google’s acquisition of Boston Dynamics, the development of the F-35 poses both an opportunity and a challenge. On the one hand, Washington needs international and commercial partnerships to sustain its weapons development program, the largest in history.
The Pentagon needs more and better relationships with companies like Google.
According to a 2012 study by the consulting firm Booz & Company (now Strategy&), more than one-third of what the Pentagon spends on procurement and services goes to nontraditional companies such as Apple and Dell. On the other hand, the Defense Department’s outdated procurement process makes it difficult for new companies to enter the U.S. market. The Pentagon cannot afford to keep in place such barriers to entry, especially when the U.S. military relies so heavily on nontraditional suppliers to gain an edge over its potential adversaries.
Taken together, commercialization and globalization -- coupled with a decline in U.S. defense spending -- have ushered in a new era for the U.S. defense industry. In the past, the industry has adapted well to change, allowing the United States to maintain its military dominance. In weathering the current transition, however, the Pentagon is off to a slow start.
IN THE BEGINNING
Over the past two centuries, the U.S. defense industry experienced three distinct eras. In the first, which lasted from 1787 to 1941, the sector consisted largely of government-owned arsenals and shipyards, supplemented by commercial industry only in times of actual conflict (during World War I, for example).
The sheer scale of World War II and its abundance of new wartime technologies, however, required a dramatic change. In 1942, President Franklin Roosevelt established the War Production Board, a federal agency tasked with conscripting the largest U.S. industrial enterprises, most notably those in the automobile industry, into wartime service. At the start of the twentieth century, defense spending had averaged roughly one percent of GDP, growing to just three percent in the 1930s. During World War II, however, defense spending skyrocketed, to roughly 40 percent of GDP, and defense became the country’s largest industry. As a result, the United States overwhelmed its adversaries with its industrial capacity and power.
After the war ended, Washington did not dismantle the defense industry it had developed. Instead, the large, diversified industrial conglomerates that had produced defense equipment during the war, including Boeing and General Motors, maintained their defense divisions. These companies, joined in later years by AT&T, General Electric, and IBM, passed technology fluidly between markets. Backed financially by the Pentagon and benefiting from long production runs, they created technologies ranging from drones to night-vision goggles, some of which eventually trickled down into citizens’ daily lives. Today, for example, most cars come with GPS, and few Americans could live without the Internet -- innovations both initially funded by the Pentagon.
This second era -- the one marked by the emergence of what President Dwight Eisenhower famously called “the military-industrial complex” -- ended with the Cold War, when the fall of the Berlin Wall and the dissolution of the Warsaw Pact and the Soviet Union contributed to a rapid decline in U.S. military spending. In 1993, the Department of Defense invited industry leaders to the Pentagon for a “last supper,” at which then Deputy Secretary of Defense William Perry urged them to consolidate in light of the shrinking budget. So began the third era, in which the industry shifted from diversified conglomerates, which could tap into their large reservoirs of commercial technology, to the handful of companies that focus exclusively on defense and still dominate the industry today. From 1992 to 1997, a total of $55 billion in industry mergers took place. With few exceptions, the large conglomerates moved out of the industry, selling off their defense operations. At the same time, the new cadre of defense-only firms began selling off their commercial operations and acquiring smaller defense companies, thinning the ranks of midtier defense suppliers.
Despite changing norms and shrinking budgets, the Defense Department has moved from era to era without incident. Through each transformation, the Pentagon protected key technologies and continued to support the U.S. military. Today, however, pressures from commercialization and globalization have exposed serious fault lines in the industry’s structure. If the United States does not adapt now to the fourth era, its defense industry will soon see its strength wither away.
PLAYING CATCH-UP
For more than a decade, U.S. defense companies have been lagging further and further behind large commercial companies in technology investment. Although the Pentagon historically exported many technologies to the commercial sector, it is now a net importer. Indeed, next-generation commercial technology has leapt far ahead of what the defense industry can produce in areas spanning 3-D printing, cloud computing, cybersecurity, nanotechnology, robotics, and more. In addition, commercial information technology dominates national security today as much as it does the private sector. Soldiers now use smartphones to gather real-time surveillance from drones and send messages to fellow soldiers.
Keeping up with commercial innovations will be difficult, if not impossible. The combined R & D budgets of five of the largest U.S. defense contractors (about $4 billion, according to the research firm Capital Alpha Partners) amount to less than half of what companies such as Microsoft or Toyota spend on R & D in a single year. Taken together, these five U.S. defense titans do not even rank among the top 20 individual industrial investors worldwide. Instead of funding R & D, defense companies have been returning the overwhelming majority of their available cash to shareholders in the form of dividends and stock buybacks. As a result, from 2000 to 2012, company-funded R & D spending at the top U.S. defense firms dropped from 3.5 percent to roughly two percent of sales, according to Capital Alpha Partners. The leading commercial companies, by contrast, invest an average of eight percent of their revenue in R & D.
Of course, the defense market is different from commercial markets in that the customer -- the Pentagon -- funds much of the R & D. But this budget has fallen as well. Defense companies are therefore reluctant to invest their own cash in research that, because of uncertainty in the Pentagon’s budget, may never yield viable products.
The Defense Department should be courting commercial companies, many of which will not seek out defense contracts themselves. Instead, the Pentagon has made it so difficult to bid on defense contracts that many companies shy away, finding the process unfamiliar and daunting. Some also avoid bidding because they have little interest in complying with what they see as unnecessary Pentagon requirements. For example, a number of software developers have refused defense work because they fear they would have to relinquish the intellectual property rights to whatever they produce. Others are driven away by the U.S. government’s elaborate regulations for the acquisition of weapons. Audit and oversight regulations, for example, require companies to establish new and costly accounting systems, beyond what they need for their commercial business. This added expense is hard to justify for programs that often take a decade or longer to transition from development to production.
Officials have discussed overhauling the Pentagon’s Byzantine procurement system for decades and have instituted modest reforms, including relying more on independent cost estimates and weapons testing. But the gains have not kept pace with the rapid technological and industrial change in the commercial sector. Future reforms should move beyond improving costs and timeliness to lowering barriers to entry for commercial companies. The Pentagon can attract companies such as Google by loosening its stringent intellectual property rules, streamlining its audit and accounting requirements, and shortening development cycles. Sticking to the status quo will only put further distance between Washington and Silicon Valley.
MOVING BEYOND BORDERS
As technological innovations have grown more commercial, they have also become more global. In the private sector, a single product -- the iPhone, for example -- often contains technology from a worldwide network of suppliers. Similarly, some weapons systems, such as the F-35, now owe their existence to international collaboration. But the U.S. defense industry has not taken advantage of this shift, in part because some government officials fear that globalization will take jobs away from U.S. citizens and compromise critical defense technologies. These fears are shortsighted. A more global U.S. defense industry will be larger and stronger, and it will give the United States more, not less, access to leading technologies.
For comparison, consider the trajectory of the U.S. automobile industry. Japanese car companies began opening manufacturing plants in the United States in the 1980s; today, the number of auto plants operated by foreign companies on U.S. soil almost equals the number run by American automakers. Honda now exports more cars from the United States than it imports from Japan. And the definition of what constitutes an American or a foreign car has become blurred, creating an industry in which foreign manufacturers employ thousands of Americans and U.S. companies see robust sales overseas. Honda and Toyota, for example, now produce seven of the ten models with the highest percentage of U.S.-made parts, and the South Carolina BMW factory has become the largest exporter of American-made cars.
The U.S. defense industry has not opened itself up to globalization in quite the same way. On the battlefield, the U.S. military fights alongside its allies, with troops training together and sharing intelligence. But the Defense Department still often ignores technologies and products made overseas -- sometimes at significant cost to the American taxpayer. In the early years of this century, for example, the Pentagon sought to develop a new artillery system, called “the Crusader,” rather than adapt a robust German design that met most, if not all, U.S. requirements. The Defense Department ended up canceling the program in 2002 when the unit costs became unaffordable, wasting $2 billion and leaving the U.S. Army to rely on upgrades to a much older artillery model. To benefit from the investments and innovations of its allies, the Pentagon must be open to foreign sources for technology and design. The United States no longer has to be the source of all advances in military technology, and in fact, bringing foreign companies into the fold will help distribute the burden of development costs, as it did with the F-35.
ADAPT TO SURVIVE
For all the changes outside the U.S. defense industry, there remains a glaring one within it: the shrinking defense budget. The drawdowns in Afghanistan and Iraq, as well as the global economic crisis, have contributed to a roughly 20 percent decline in U.S. defense spending over the past five years.
A spending decline alone would not drive a structural change in the industry; when combined with the commercialization and globalization of defense technology, however, change appears inescapable. That change will include a consolidation of the industry and a concurrent drop in competition among suppliers. Indeed, competition for defense contracts has reached a historic low, making it difficult for the Pentagon to get the best value for taxpayers’ money. Where the Pentagon once employed two or three competing companies for major weapons programs, it now often struggles to afford contracts with more than one supplier. As a result, in 2012, both the navy and the air force awarded more than half their contracts without any competition at all.
If the Pentagon makes it easier for commercial and foreign companies to enter the industry, it will go a long way toward increasing competition. For example, BAE Systems, a British defense company that has become one of the Pentagon’s largest suppliers, has already provided needed diversity in the field of combat vehicles. Similarly, in the search for a new airborne tanker, the European aircraft manufacturing company Airbus has offered a viable alternative to Boeing. Increased competition will ensure that the Pentagon receives the best technology at the lowest price and will allow the United States to demonstrate the openness of its market at a time when declining budgets have already sent U.S. defense companies seeking sales overseas.
As officials in Washington weigh reforms, there is little time to lose. In both the defense industry and the world at large, the pace of change has accelerated. The first era of the U.S. defense industry lasted more than 150 years, the second nearly 50, and the third just 20. The Pentagon must take a more active role in recruiting outside companies, keeping in mind that their futures are inextricably intertwined. The United States has the opportunity to look beyond its borders to turn this fourth era to its advantage. Since World War II, the country’s technological advantages have protected its national security. To maintain that advantage, the United States must adapt to -- and ultimately embrace -- the trends that will come to define its future.
ICC ON TRIAL

Kip Hale
Foreign Affairs
Dec 11 2014

In 2002, the International Criminal Court (ICC) came into being. At the time, observers were hopeful that rule of law could help constrain humanity’s worst impulses, a sentiment that, today, may seem foolhardy. Yet, where else would victims turn? Ruthless tyrants and their henchmen have killed, raped, and tortured innocents, and few, if any, international institutions have been able to stop them or provide justice after the fact.
The ICC has very real and sometimes infuriating limitations. Convictions are too few, cases are too long, and the backlog is too high; frustrations inside and outside the court grow. But so does the demand for the ICC’s help. Whether it be in Syria, Palestine, North Korea, Sri Lanka, or in reaction to U.S. and British activities abroad, the ICC’s problems have not kept governments and people from urging it to get involved in more and more places. Thus, the promise of the ICC remains intact, despite the challenges it faces.
However, now it is confronting one of its biggest tests. On December 3, 2014, ICC judges ordered that the case against Kenyan President Uhuru Kenyatta, who is accused of crimes against humanity for planning and funding violence in the wake of Kenya’s 2007 elections, should proceed within one week or be dismissed. Two days later, the prosecutor of the ICC, Fatou Bensouda, having already conceded that Kenya’s non-cooperation with her investigation left the case unready for trial, withdrew the charges. She reserved the right to file them again in the future.
Her decision was highly anticipated. Leading up to the withdrawal of the charges, the media-savvy Kenyan government and its interlocutors had painted the ICC as a neocolonial tool of the West used to target disfavored African leaders. As evidence, they pointed to the absence of any non-African cases on the court’s current docket. Further, they argued, criminal trials anywhere, whether in Kenya or The Hague, disrupt Kenya’s attempts to move on from its recent bloody past and build a stable, peaceful future.
Compelling as this narrative may seem to some, the truth is much simpler: With 122 members heavily concentrated in Latin America and Africa, and with Africans in many key leadership posts, the ICC reflects the world it represents. Kenyan officials’ condemnation of the ICC was a cynical way to maintain power. If the activities of senior Kenyan governmental officials who were private citizens during the 2007 post-election violence and are alleged to have been involved in mass atrocities were never aired in a courtroom, those officials would avoid not only conviction but also reputational damage. Their grip on power in Kenya, as a result, would remain secure.
In years past, they would not have needed to worry. Traditionally, government leaders who organized mass atrocities either lived out their days in power or were comfortably exiled when not in power. The prospect of prosecution was remote at best. The rules of this sordid game began to change, however, when the Nuremberg Trials held Nazi officials accountable for genocide, crimes against humanity, and war crimes. Those trials set a standard for dealing with leaders such as Liberia’s Charles Taylor, former Yugoslavia’s Slobodan Milosevic and Radovan Karadzic, and Cambodia’s Nuon Chea, who were all tried for their participation in atrocities. Demands for justice slowly became a regular part of diplomatic and popular discourse whenever atrocities occurred.
To keep their impunity, political figures had to get more sophisticated. With the help of London-based public relations firms, Kenya’s government crafted, as David Bosco, an assistant professor at American University, called it, “the how-to manual for frustrating” ICC cases. The new impunity playbook is as straightforward as it is nefarious. First, win public sympathy by distorting facts to make the judicial process look unfair and biased. At the same time, feign cooperation with the court to provide cover for step two, which is to quietly yet thoroughly undermine the criminal case through witness intimidation and evidence tampering. This second step is possible because the ICC (like all other international tribunals) relies on the states in which the crimes occurred to guarantee access and on other states to use political and diplomatic pressure to get the country in question to cooperate with the ICC.
To win in the court of public opinion, the Kenyan government and its allies called into question the ICC’s fairness and legitimacy by pointing out that all individuals under investigation or prosecution at the ICC are from Africa. It did not matter that the ICC was, in most cases, responding to requests by African countries to investigate atrocities committed in their country. (The U.N. Security Council referred two other African countries to the ICC without obstruction by China and Russia, themselves hardly enablers of Western imperialism.) The one outlier is Kenya, where, starting in 2009 the then-ICC prosecutor initiated formal investigations in the 2007 election violence consistent with Kenya’s status as an ICC State Party. However, he did so only after a Kenyan investigative commission recommended that the ICC step in if Kenya failed to create a domestic tribunal, which it did not.
The unfortunate reality is that the continent with the highest number of atrocity-ridden conflicts is Africa. Of greater relevance, within the ICC’s jurisdiction, is the fact that a higher percentage of African countries are party to the ICC than, say, Middle Eastern countries (27 percent versus two percent). In short, the ICC’s involvement in Africa is the logical fulfillment of its mandate. That is not to say that the perception of a Hague-based international court with live cases solely against Africans is not troubling. It is. Yet, to ignore millions of African victims for the sake of appearing “balanced” would truly compromise the ICC’s integrity.
Further, the premise put forth by Kenya’s government—that the ICC is a “tool” for the West push out disfavored regimes—is far-fetched. In fact, regime change may be the last thing Western powers would want in Kenya, given that the Kenyan government has been a reliable counter-terrorism ally.  
Even so, the Kenyan officials’ narrative about the ICC took hold. And then it was time for the second step in the new impunity handbook—undermining the case. With many states diplomatically and politically unwilling to support what they believed was a biased ICC, Kenya had cover to disrupt the ICC cases more dramatically. Of course, it was careful not to do so blatantly. Instead, Kenyan authorities issued a litany of public pronouncements vowing full cooperation. At the same time, key witnesses due to testify in the Kenyatta cases were bribed and intimidated, assets were not frozen in defiance of court orders, access to information was restricted, and meaningful cooperation was not forthcoming.
In the meantime, the new model of impunity has been catching on. For example, Laurent Gbagbo, the deposed president of Cote d’Ivoire who is sitting in an ICC jail awaiting trial, is running for reelection, a tactic Kenyatta used as a private citizen to gain “head of state” status, which he argued would shield him from prosecution—a legally dubious proposition, at best.
So, where does the international community go from here? For one, the ICC should recognize its own mistakes. It committed missteps on the diplomatic stage—failure to resort to the ICC Assembly of State Parties for Kenya’s non-cooperation far earlier—and should have followed a better investigation and prosecution strategy from the start, especially when the Kenyan suspects were private citizens. For instance, the ICC should have had a permanent investigative field office in Kenya collecting documentary and communications evidence from the start.
Yet, to focus on these missteps would be to deflect true blame. Unless countries that are party to the ICC are willing to accept an international tribunal with its own enforcement power (that is, an ICC police force), individual states will need to take their duty to cooperate with the ICC more seriously. To date, most of them have stood idly by while Kenya unleashed its political attacks on the ICC. The failure to counter this assault, for example, by making regional security assistance with Kenya conditional on cooperation with the ICC, calls into question why the international community formed the ICC in the first place: establish international peace and security through a just rule of law.  
The countries that are party to the ICC must begin to make tough decisions, starting this week as they, and influential observer nations such as the United States, gather in New York for the ICC Assembly of States. In many ways, this conference will forecast the future of the ICC. Vitally important subjects are on the agenda: the woeful underfunding of the Court and Kenyan proposals to amend the ICC’s governing treaty to codify statutory immunity for heads of state.
As the assembly begins, the question to be answered is, which countries, if any, will choose to be true leaders in international criminal justice. If no one takes up the call, victims of atrocities, both living and those not yet born, will bear the consequences.  

lunes, 8 de diciembre de 2014

               10 AÑOS DE ALBA  O DE COMO CHULEAR A VENEZUELA 

                                   

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) cumple 10 años el 14 de Diciembre próximo. Fue creada en La Habana por el tirano Fidel Castro y Chávez mediante convenio.
Todos sus miembros tienen suficientes razones para celebrar en esa fecha, excepto Venezuela.
La idea original fue del venezolano. Una “revelación” que tuvo en Margarita una madrugada, como él mismo lo confesó en una reunión que ese día tuvo con los países del Caribe.
La ALBA no es más que un tinglado clientelar cuyo propósito ha sido hacerse con un área de influencia geopolítica incorporando a gobiernos afines ideológicamente, pero echando mano de parte importante de fondos provenientes del petróleo venezolano para repartirlos entre aquellos, y así asegurar apoyos internacionales. Es parte de la llamada petrodiplomacia, una iniciativa que en definitiva ha contribuido a empobrecer a Venezuela, lo demás es retórica para público de galería. Nada aporta a los intereses de nuestro país. Es una sangría de recursos sin compensación alguna.
Desde un principio se pretendió presentar el proyecto como integracionista, de lo cual nada tiene, no crea mecanismos concretos para ello. Son meros acuerdos bilaterales de sus miembros con Venezuela. Más allá de crear un banco entelequia que aprovecharían algunos, menos los venezolanos, y empresas llamadas “grannacionales”, las cuales brillan por su ausencia, no hay nada sustantivo.
Basta revisar las cifras de intercambio comercial para medir sus efectos: gran  negocio para los beneficiarios e inexistente provecho para Venezuela.
Como se sabe, en materia petrolera, PetroCaribe se inscribe en la ALBA. Allí, Venezuela, país que paga el convite, entrega el crudo a todos los países que se apuntan al festín a precio de ganga y les financia el 50% de la factura a 25 años, un regalo. Por este concepto, y siendo muy conservadores, nos deben, según algunos, alrededor de 18.000 millones de dólares, cifra que hoy estamos necesitando desesperadamente; de allí que el gobierno esté rematando esas facturas en el mercado financiero al precio de gallina flaca.
Si nos vamos al sector no petrolero del comercio, el panorama no es menos desfavorable para Venezuela.
Tomemos los cuatro países más grandes de ALBA. En 2005, año siguiente a la constitución de ese grupo, Cuba nos vendió bienes por el orden de 52.9 millones de dólares, mientras que en 2013 alcanzó la suma de 352 millones. Bolivia exportó a Venezuela en aquel año, 210 millones de dólares, y en 2013, 351 millones. Ecuador nos vendió en 2005, 155.8 millones de dólares, y en 2013, 936.6 millones. Por su parte, Nicaragua no nos vendió nada en 2005, en cambio en 2013, exportó productos  a Venezuela por 250 millones de dólares.
Si examinamos las exportaciones venezolanas a esos países, nos encontramos con que en 2005, a Bolivia exportamos 5.7 millones de dólares, y en 2013, sólo 280 mil dólares.  En el caso de Cuba, en aquel año le vendimos bienes por un monto de 95.9 millones de dólares; mientras que en 2013, exportamos a ese país 6.7 millones. Por su parte, a Ecuador exportamos en 2005, 301.7 millones de dólares, y en 2013 apenas 13.5 millones. A Nicaragua vendimos en 2005, 5.7 millones, y en 2013 sólo 55.000 dólares.

Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, organismo del Estado.

                            Exportaciones de 4 países de ALBA a Venezuela
                                                    (en millones de dólares)
             País/año
              2005
                2013
Bolivia
              52.9
                352
Cuba
            210
                351
Ecuador
            155.8
                936.6
Nicaragua
                  0
                250
Total
            417 .7
             1.889.6
                                            (Fuente: INE de Venezuela)

                                    Exportaciones de Venezuela a 4 países de ALBA
                                                      (en millones de dólares)
            País/año
                  2005
                   2013
         Bolivia
                 5.7
                 0.28
         Cuba
               95.9
                 6.7
         Ecuador
             301.7
               13.5
         Nicaragua
                5.7
                 0.05
           Total
             408.0
               20.53
                                                    (Fuente: INE de Venezuela)

En números redondos: en 2005 vendimos alrededor de 408 millones a esos países de ALBA y 9 años después, sólo 20.5 millones de dólares.
Pregunto al lector si después de ver tales cifras se puede decir que nuestro país ha obtenido algún beneficio.
Es, sin duda, el peor trato que haya hecho Venezuela en su historia y constituye una afrenta hacia los que en nuestro país están necesitados de vivienda, salud, educación, medicinas, alimentos y seguridad.
Para rematar, resulta una ironía y es hasta risible, que el gobierno destructor de Venezuela, en materia económica, haga todo lo contrario de los países que reciben sus dádivas a través de ALBA. 
La ALBA es una enorme estafa de la que los venezolanos deberían estar conscientes.

EMILIO NOUEL V.
@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com